El instructor de la Guardia Civil encargado de la investigación sobre los policías locales de Mijas (Málaga) acusados de tráfico de drogas ha mantenido este martes que sospecharon desde el principio que había agentes de algún cuerpo de seguridad relacionados con la apropiación de alijos, por el lenguaje utilizado en una escucha, y ha sostenido que desde ese momento se realizó un trabajo de campo.

La Sección Primera de la Audiencia ha continuado el juicio a cinco policías locales y otro hombre, acusados de tráfico de drogas, al entender las acusaciones —Fiscalía y Ayuntamiento mijeño— que en 2009 los agentes se aprovechaban de su cargo para obtener información de alijos, aparecer en desembarcos de droga y "apropiarse y lucrarse" con su venta. La vista sigue este miércoles.

El sargento ha defendido la actuación llevada a cabo y ha explicado que en otro procedimiento sobre robos en casas se interceptaron cinco llamadas en las que uno de los investigados hablaba con personas que "supusimos" eran agentes de algún cuerpo de seguridad por el argot y forma de expresarse en las conversaciones, en las que "se daba a entender que se iba a dejar pasar un alijo".

La causa no se inició de forma independiente hasta 100 días después, lo que ha justificado en que en ese momento se encontraban centrados en el caso inicial que era sobre hechos "de gran gravedad" y generaban "alarma social"; además de que ese supuesto alijo no se llegó a producir. No obstante, ha dicho que en ese tiempo se realizaron pesquisas para tratar de identificar a los interlocutores.

El sargento ha señalado que de entrada no se pidió la intervención de teléfonos, pero que dentro de ese trabajo de campo realizado hubo vigilancias y seguimientos, que no constan por escrito, según las defensas. Además, ha dicho que se descartó que fueran agentes de Guardia Civil o Policía Nacional, lográndose finalmente la identificación de los ahora acusados por la voz de uno de ellos.

Asimismo, el investigador ha indicado que las policías locales no tienen función específica en tráfico de drogas, aunque sí colaboran en las operaciones de desembarcos o alijos de sustancias; y ha manifestado que en algunas conversaciones posteriores se hace referencia a que consiguen la información a través de contactos con otros cuerpos policiales.

Las defensas han cuestionado esta investigación con el interrogatorio al instructor de la Guardia Civil, incidiendo en preguntarle qué datos concretos tenían los investigadores desde esa primera conversación —de febrero de 2009— hasta unas posteriores que están anuladas —de marzo— ya que los letrados sostienen que en esas primeras escuchas no hay indicio alguno de delito.

Según el escrito presentado en su día por la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, los procesados utilizaban la información recibida "en su función de reprimir la delincuencia" y, supuestamente, se presentaban de forma sorpresiva en operaciones de desembarco de droga, provocando la huida de los traficantes, que abandonaban el alijo.

Entonces, "podían apropiarse y lucrarse con el producto de su venta". Según las conclusiones iniciales del fiscal, en la estructura organizativa, uno de los agentes era "el jefe" y "lo era también de su pareja de servicio", mientras que otro era "subordinado" al supuesto responsable del grupo, pero "manteniendo el control de su unidad operativa" y transmitiendo órdenes a su compañero.

La participación del quinto agente "radicaría, fundamentalmente, a partir de febrero de 2009, en el suministro de información decisiva para las operaciones, proveniente de importantes contactos que tiene tanto en otros cuerpos de seguridad como en el submundo del narcotráfico procedente de Marruecos". El fiscal señala que hubo varias operaciones fallidas que no se pueden acreditar.

Pero, sí relata una operación ocurrida en noviembre de 2009, para la que los acusados se reúnen con el fin de repartirse las vigilancias de las zonas y los recorridos. En este caso, las acusaciones señalan que se hicieron con más de 160 kilos de hachís en un descampado, que cargaron en el vehículo oficial y ocultaron en el domicilio del acusado que no es policía.