El concejal de Vivienda y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, y la directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón, Maite Andreu, han confiado en que la bolsa institucional de cien viviendas permita atender los casos de desahucios que se produzcan hasta finales de año.

Estos cien desahucios que se podrían producir hasta finales de 2015 es el cálculo estimativo resultante de las cifras que se han ido produciendo a lo largo del año, ha explicado Maite Andreu quien se ha reunido con Pablo Híjar para abordar esta "emergencia social".

En declaraciones a los medios de comunicación, Andreu ha detallado que el Ayuntamiento de la ciudad dispone de unas 50 viviendas de la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda y el Gobierno de Aragón cuenta con unas 34 en el núcleo urbano de las que 5 se han entregado la semana pasada y las otras 29 se encuentran en fase de rehabilitación "a la que se sumarían las procedentes de la SAREB para ponerlas en funcionamiento".

Las viviendas del Ayuntamiento se ceden al Gobierno de Aragón, que es la institución que se encarga del pago del alquiler y de la gestión de la vivienda.

Andreu ha indicado que esta bolsa de cien viviendas que poseen entre ambas instituciones "tiene que estar preparada en dos meses y es un trabajo costoso, pero en eso estamos".

El gasto en rehabilitar una vivienda oscila entre los 4.000 y los 20.000 euros ha expuesto Híjar, para reconocer que "es uno de los grandes problemas porque tenemos que hacer un gran desembolso inicial" y el promedio del alquiler, mantenimiento y pago de los seguros de una vivienda destinada a alquiler social ronda los 400 euros mensuales, ha detallado.

"Nadie se quedará en la calle y lo primero es atender la emergencia social de las personas afectadas por un desalojo o un desahucio" ha enfatizado Maite Andreu para reconocer que "hay que cambiar" para 2016 el convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.

Cesión de viviendas de los ciudadanos

Por otro lado, ambos responsables políticos han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que cedan viviendas vacías en régimen de alquiler para atender los casos de emergencia social surgidos de los desahucios y desalojos forzosos.

Andreu ha explicado que hay ciudadanos que disponen de viviendas vacías pero ante el desconocimiento o temor "a quien me meterán en la casa" no se producen cesiones y hay pocas captaciones, pero "queremos asegurar que el cobro del alquiler se producirá porque hay un compromiso entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Híjar ha añadido que existen incentivos para la cesión de viviendas como la garantía del pago del alquiler y los seguros multiriesgos "a cambio de un renta algo inferior al precio de mercado" y ha confiado en que pronto se pueda poner en marcha este programa.

Respecto a la modificación del convenio que tienen suscrito ambas administraciones, Híjar se ha decantado por "hacer un esfuerzo para tener una política real de vivienda" y Andreu ha avanzado que entre los cambios a introducir figura "seguir el trabajo del CGPJ del aplazamiento de las ejecuciones hipotecarias".

Otro aspecto a cambiar es el 20 por ciento de vivienda que ahora se destina a desahucios y que Andreu es partidaria de que toda la viviendas disponible se destine a casos de emergencia social para "dar una respuesta habitacional entre ambas instituciones".