Parece que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, va tapando poco a poco los agujeros negros heredados del anterior Ejecutivo, también del PP. Ocurrió con la paralización del eterno proyecto de la Ciudad de la Justicia y se repite de nuevo ahora. La Comunidad de Madrid tiene previsto derogar para 2016 la normativa que abre la puerta a la privatización definitiva de los servicios no sanitarios. Esta ley impulsada por la expresidenta regional Esperanza Aguirre facilitaba dejar en manos de empresas privadas servicios hospitalarios como el de limpieza, cocina o lavandería.

Así lo ha adelantado este miércoles Comisiones Obreras después de que el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, se lo haya comunicado por escrito al sindicato. En la práctica, esta decisión supone la derogación del punto 2 del artículo 13 de la Ley 4/2012 de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica. Esta norma recogía la extinción de hasta 26 categorías profesionales del Sermas y posibilitaba con ello la privatización para siempre de los servicios no sanitarios. La anulación del artículo se incluirá en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2016.

La Consejería de Sanidad ha confirmado la noticia a 20minutos y ha precisado que esto no supone que en 2016 todos los servicios no sanitarios vayan a ser públicos: "La Consejería tiene ahora un nuevo marco de trabajo en el que no se contempla la extinción de estas categorías profesionales y tampoco en principio la externalización de los servicios no sanitarios. Pero esto no significa que el próximo año todos los servicios externalizados vayan a ser públicos. Por ejemplo, la seguridad en los hospitales siempre ha sido contrata con empresas privadas".

"Esto es un triunfo de la sanidad pública y supone un paso más en el empeño por conseguir la reversión de todos los servicios privatizados", señalan desde el sindicato obrero. "Con esta decisión se revitalizarán unas plantillas que se han visto mermadas en los últimos años por la externalización de los servicios", añaden. Pacientes y profesionales sanitarios también celebran una noticia que esperan que sirva para paliar el deterioro que han sufrido algunos servicios de los hospitales públicos. "Es una buena noticia, aunque en la práctica supone volver a la misma situación del año 2012. En este tiempo, muchas personas han sido despedidas por empresas privadas que solo pretendían obtener más beneficios con estos contratos. Esta disminución sustancial de personal ha repercutido indudablemente en la calidad del servicio prestado", ha asegurado Marciano Sánchez-Bayle, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, formada por profesionales sanitarios. "Hemos recibido muchas quejas de los pacientes, sobre todo por la comida, la limpieza y la lavandería. El servicio que ofrecen las empresas privadas es mucho peor y me alegro de que la Consejería de Sanidad haya tomado esta decisión. Ahora queda desprivatizar servicios que interesan más a los pacientes, como el de ambulancias, y terminar con las derivaciones de pruebas diagnósticas a los centros concertados y privados", opina Carmen Flores, presidenta de la asociación El Defensor del Paciente.

Aguirre planteó en julio de 2012 un recorte en la prestación de servicios públicos de 1.045 millones de euros para cuadrar las cuentas de la región y cumplir con el objetivo de déficit marcado por el Ministerio de Hacienda, entonces cifrado en el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB). La actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid pretendía con estos ajustes no superar los 17.000 millones de euros presupuestados para ese año. La modificación de la ley afectó a todos los ámbitos. En Sanidad, además de la privatización de los servició no sanitarios, redujo la cartera de prestaciones eliminando la gratuidad de la vacuna del neumococo y restringió las operaciones de cambio de sexo, entre otros.

Uno de los servicios más afectados por los recortes ha sido el de limpieza. La Consejería de Sanidad adjudicó en julio de 2013 un contrato integral por tres años para 17 de los 36 hospitales de la red pública con el que pretendía unificar los acuerdos que cada hospital tenía individualmente. Pagó a las empresas concesionarias (Ferroser y Clece) 208,2 millones de euros, lo que supuso un ahorro de 65 millones. El resultado ha sido un deterioro del servicio debido a que el número de trabajadores no es suficiente para atender las necesidades de limpieza. Solo en el inicio del contrato, se destruyeron 90 puestos de trabajo, aunque las adjudicatarias pretendían llegara hasta las 250 o 300 bajas, según los sindicatos.