El Gobierno gallego ha dado la aprobación definitiva a la nueva ley de transparencia que, entre otras cuestiones, endurece el régimen de incompatibilidades, ya que extiende a "todos" los altos cargos la obligación de publicar su patrimonio al tomar posesión y al cesar en su puesto, y regula el traspaso de poderes, así como las decisiones que puede adoptar un Ejecutivo en funciones.

De ello ha informado el presidente, Alberto Núñez Feijóo, al término de la reunión semanal del Consello de la Xunta, en una rueda de prensa en la que ha reivindicado que esta norma, cuyo contenido en su mayor parte ya se había dado a conocer, "supera" a la ley aprobada por el anterior Gobierno bipartito y también a la impulsada por el Ejecutivo central "en algunos preceptos".

Aunque el grueso de la norma se mantiene con respecto al texto que había sido aprobado inicialmente, durante la tramitación se han incluido modificaciones, en palabras de Feijóo, ligadas fundamentalmente a las alegaciones presentadas en el periodo de exposición pública, entre ellas la modificación de sanciones por incumplir el régimen de incompatibilidades.

Así, en el texto inicial, el apartado de sanciones recogía que los altos altos cargos que cometiesen infracciones muy graves en materia de incompatibilidades podían ser destituidos de sus puestos y, además, recibir multas de entre 6.001 y 12.000 euros.

Ahora las sanciones muy graves será de entre 1.500 y 3.000 euros, mientras que las graves —antes de entre 600 y 6.000 euros— son ahora de entre 500 y 1.500. En todo caso, la Xunta ha subrayado que el Estado no contempla sanciones pecuniarias en su norma, por lo que este extremo estaría entre los "preceptos" en los que, según Feijóo, esta norma "supera" a la estatal.

Ampliación de las obligaciones

La norma que se remitirá al Parlamento también extiende el ámbito de aplicación de las obligaciones de transparencia al Consello da Cultura Galega y se fija que será también el Valedor do Pobo el que resuelva las reclamaciones contra solicitudes de información denegadas por las entidades locales de Galicia.

Asimismo, las obligaciones de que la información pública sea "comprensible y accesible" para discapacitados, y "reutilizable" se extiende a todos los sujetos afectados, cuando antes solo se aplicaba al portal de la Xunta.

Entre otras cuestiones, se amplía la consideración de intereses familiares, "de familiares de segundo grado de consanguinidad a cuarto". Sobre ellos o empresas en las que ocupen cargos directivos, los altos cargos deben abstenerse.

Del mismo modo, se delimita la información que se debe facilitar sobre contratos menores y se obliga a las entidades a informar a la Oficina de Incompatibilidades de todos sus nombramientos o ceses, con el fin de que se pueda requerir sus declaraciones.

Gobierno en funciones

Feijóo ha hecho especial hincapié en que se da rango legal por primera vez al código ético institucional que limita los presentes que pueden recibir los altos cargos y también en que se regularán los pasos que puede dar un gobierno en funciones.

En concreto, los gobiernos en funciones no podrán enviar proyectos de ley a la Cámara gallega, autorizar convenios con el Estado ni otras comunidades, dar luz verde a convocatorias de acceso o provisión de puestos de trabajo públicos, aprobar o modificar relaciones de puestos de trabajo ni adquirir compromisos de gasto más allá del gasto corriente o de "causas de urgencia debidamente acreditadas".

Como novedad, el texto incorpora también la prohibición a gobiernos en funciones de autorizar convenios con universidades y entidades locales.

En cuanto al traspaso de poderes, Feijóo ha destacado que cada consellería deberá elaborar un informe de gestión en que se detalle información como la ejecución presupuestaria, los compromisos de gasto asumidos, las obligaciones pendientes de pago y los contratos y convenios vigentes.

Esos informes de cada departamento serán agrupados en un único documento y serán transmitidos del presidente saliente al presidente entrante.

Entrará en vigor antes

Por otra parte, frente al plazo inicial previsto de un año para la entrada en vigor de la ley, se fija que entrará en vigor a los 20 días de publicarse en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

En todo caso, se mantiene un plazo de seis meses para hacer las adaptaciones tecnológicas precisas para dar cumplimiento a partes de la ley.