La Comisión Europea investiga a España y a otros 18 países europeos por vulnerar el derecho de asilo al no aplicar las leyes europeas en la asistencia a expatriados.

La Comisión hizo pública este miércoles una lista que no deja bien a España: nuestro país es, con Bulgaria, el que más preceptos viola, puesto que no respeta en su integridad los requisitos europeos para reconocer el estatus de refugiado, el procedimiento de asilo y las condiciones de recepción.

En el primer caso, la institución llega a recordarle al Gobierno de Mariano Rajoy que el límite para trasponer la directiva 2011/95 expiró el 21 de diciembre de 2013. España, continúa, hizo caso omiso a los avisos enviados en junio de ese año y en enero de 2014, por lo que ahora le exige una respuesta razonada.

En los casos segundo y tercero, la Comisión asegura que carece de notificación acerca de la armonización de las directivas, que establecen cómo y dónde deben gestionarse las solicitudes de asilo así como los servicios a los que los demandantes tienen derecho (alojamiento, alimentación, permisos de empleo, asistencia sanitaria y psicológica.

España, por ejemplo, no recogía los documentos de asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla hasta el pasado mes de marzo, cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, inauguró sendas oficinas. Los Centros Temporales de Internamiento de Inmigrantes de ambas ciudades autónomas están desbordados, lo que impide atender correctamente a los refugiados.

El órgano presidido por Jean-Claude Juncker da a los estados un plazo de dos meses para explicarse y rectificar. En caso contrario, llevará a los gobiernos ante la Corte Europea de Justicia. Las sanciones implican multas económicas cuya cuantía sería establecida por la Comisión de forma discrecional, según el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

La investigación, adelantada por el diario alemán Die Welt y confirmada a 20minutos por un portavoz oficial, constata hasta 40 incumplimientos como estos en 19 países.

Entre los advertidos están Alemania, Francia, Austria, la República Checa o Hungría, que han limitado los movimientos de los refugiados mediante restricciones en sus fronteras. También forman parte de la lista Bélgica, Bulgaria, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Suecia.

También figura Grecia, quien cuenta con un apercibimiento adicional por haber cometido "serias deficiencias" en lo referido a la atención a personas vulnerables y en la tutela o representación legal de los menores que llegan solos o quedan huérfanos durante el trayecto hasta el país heleno.

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, aseguró el pasado 9 de septiembre que el órgano comunitario comprobaría si los países de la Unión estaban acatando la legislación. Ese mismo día, solicitó una revisión legislativa para, entre otras, crear un sistema europeo de gestión de fronteras y cambiar los criterios del 'sistema de Dublín', que obliga a los refugiados a registrarse y solicitar asilo en el primer país de la UE que pisen, en lugar de permitirles llegar hasta la nación de destino.