El Gobierno de Cantabria exigirá al central (PP) dos nuevos juzgados en Santander y uno en Torrelavega

De la Sierra cree que sede tratar también la rehabilitación del antiguo edificio de Tabacalera de la calle Alta para sedes judiciales
Complejo Judicial De Salesas
Complejo Judicial De Salesas
EUROPA PRESS
Complejo Judicial De Salesas

El Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) exigirá al Ejecutivo central un nuevo juzgado de lo Mercantil para Santander, así como otro de Primera Instancia en Santander —el número doce— y también en Torrelavega —el siete— y el refuerzo del de San Vicente de la Barquera.

Además, en una comparencencia, a petición propia, en el Parlamento de Cantabria, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra (PRC-PSOE), quien también ha defendido que hay que "tratar ya" la rehabilitación del edificio de la antigua Tabacalera, en la calle Alta de Santander, para resolver el "problema de las sedes judiciales".

En esta comparecencia, De la Sierra ha podido escuchar algunas de las reclamaciones en materia de sedes judiciales planteadas por algunos grupos.

Entre ellos, el diputado regional de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio, ha pedido a De la Sierra que solicite al Ministerio de Justicia la creación de un Juzgado de lo Penal en Cantabria que se centre en la ejecución de sentencias de los otros cinco juzgados, algo que, según ha asegurado el consejero, tiene su "complicación".

Carrancio señaló que con esta medida se aliviaría de carga de trabajo a los juzgados. Además, argumentó que hay que tener en cuenta que existen millones de euros paralizados en los juzgados debido a la falta de medios materiales y humanos para agilizar la ejecución de las sentencias", explicó Carrancio.

Carrancio propuso utilizar la bolsa de trabajo y abrir turno de tarde en los juzgados más saturados para agilizar también los trámites más urgentes, sobre todo en los juzgados de lo mercantil donde la celeridad de los trámites es fundamental.

Por otra parte, De la Sierra consideró una "buena idea" la realización de una auditoría sobre la accesibilidad de las sedes judiciales que le han propuesto en la comisión.

En este sentido, ha anunciado que el Gobierno de Cantabria llevará a cabo los trabajos para eliminar los problemas de accesibilidad en la sede de Laredo y ha asegurado que las obras comenzarán "en cuanto" tengan el "visto bueno" del Ayuntamiento.

Otros retos de la justicia

De la Sierra ha señalado como otros de los retos a afrontar por parte de la Dirección General de Justicia el desarrollo informático, continuando por una parte avanzando hacia la supresión del papel, que, según se prevé en la reforma de la Ley de Enjuciamiento Civil, se fija para el 1 de enro de 2016. Para ello, se continuará con el sistema VEREDA.

Por otra parte, y también en materia de Justicia, De la Sierra ha señalado que el Ejecutivo regional quiere en esta legislatura implantar la oficina judicial y, en el mismo sentido, de la fiscal.

Además, como ya avanzó hace unas semanas, que se quiere implentar la mediación, sobre tdo la intrajudicial, singularmente en materia de Familia. También se quiere aprobar y publicar el reglamento de la Ley de Mediación.

Mejorar la tramitación de los expedientes de justicia gratuita ha sido otro de los objetivos citados por el consejero del área.

PROPUESTAS

Además, el consejero de Presidencia y Justicia se ha comprometido a analizar la propuesta de Podemos de crear una oficina antifraude. Otras reclamaciones de los grupos han sido relativas a reclamar medios para la grabación de las vistas judiciales o el desarrollo del expediente digital, entre otros.

También, entre las peticiones de los grupos de la oposición, figuraba la de Ciudadanos de reclamar que se actualizara el mapa de Juntas de Zona para que coincida con los partidos judiciales, de tal forma que los vecinos de Castro Urdiales no acudan a Laredo y los de Medio Cudeyo no se desplacen a Santander.

En la comparecencia, también ha salido a relucir la privatización de los registros civiles, en contra de la cual ya se ha expresado De la Sierra, al igual que acerca de la Ley de Seguridad Ciudadana promovida por el Ejecutivo central (PP).

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