El Gobierno de Zaragoza ha decidido abrir un expediente para comprobar si existe lesividad al Ayuntamiento por el pago de 2 millones de euros en concepto de indemnizaciones a los 115 trabajadores de Tuzsa en 2013, que se recoge en la liquidación de la anterior contrata del servicio de autobús urbano.

En caso de que se compruebe que ha existido lesividad para el Ayuntamiento se someterá a la votación del pleno porque "tiene que ser este órgano el que se pronuncie sobre si se ha atentado contra el interés público" y luego se elevará a la jurisdicción contencioso administrativa para que lo determine un juez.

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha realizado este anuncio tras comprobar que el anterior Gobierno de Zaragoza (PSOE) decidió dos días antes de la toma de posesión del nuevo alcalde que el consistorio corriera con estos gastos dentro del proceso de liquidación de la contrata anterior a la actual AUZSA, que son del mismo grupo. Además, existe un informe del área de Presidencia, Economía y Hacienda del 5 de junio "daba por buenas las cantidades".

La empresa "no ha argumentado esas facturas por el despido de los trabajadores de Tuzsa en las que se incluyen los costes procesales del despido colectivo de hace dos años", ha detallado.

Dicha liquidación recoge el valor residual de la anterior contrata (inversiones realizadas en renovación de flota, renovación de paradas) y los costes de puesta en marcha (que, en principio, tendría el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales como principal montante). La liquidación completa, según los pliegos, no debería superar los 16,5 millones, ha calculado Cubero.

FISCALIZACIÓN

En el apartado correspondiente a la puesta en marcha, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales asciende a sólo 104.000 euros (cifra favorecida por el hecho de ser empresas "hermanas"), pero se incluyen 1.915.783,23 euros en concepto de "Indemnizaciones por reestructuración de personal", así como 221.372,24 euros en "Otros gastos de reestructuración de personal", donde se contempla la factura de los abogados de la empresa (170.834,95 euros) o los gastos de Correos y Telégrafos (7.932,51 euros), entre otros.

El importe total se debe hacer efectivo a lo largo de los 10 años del contrato, a razón de dos pagos anuales. De hecho, a los pocos días de conformarse el nuevo Gobierno, se hizo efectivo ya un primer pago de más de 600.000 euros, que estaba entre los asuntos pendientes de tramitar.

Cubero ha reconocido que se ha ejecutado este abono, pero ha indicado el resto de los "pagos se paralizan hasta que se tenga la información necesaria".

En rueda de prensa, ha explicado que la apertura del expediente conlleva que una vez que se disponga de toda la información "para ver si hay que pagar o no" se convocará una comisión plenaria de Servicios Públicos para dar cuenta al resto de grupo municipales y ha confiado en que el grupo socialista "de explicaciones".

En caso de que se confirme que el pago de las indemnizaciones por despidos era improcedentes "alguien deberá asumir responsabilidades", ha dicho en alusión al PSOE.

REMUNICIPALIZACIÓN

Cubero ha aseverado que la fiscalización y el cumplimiento de los pliegos de las contrates municipales "serán objetivo de este equipo de gobierno" formado por Zaragoza en Común (ZEC) y ha recordado que ya han hecho lo propio con la contrata de FCC en Parques y Jardines para criticar que el anterior responsable de este área, Jerónimo Blasco, "firmara certificaciones a la contrata 72 horas antes de que Pedro Santisteve tomara posesión como alcalde".

Como ejemplo ha citado que el "hecho de que FCC pasara factura de la pintura de papeleras que no existen es algo que pasa con la externalización de los servicios públicos", para avanzar que "se pondrá encima de la mesa" cuando se abra el debate sobre la remunicipalización.

Cubero ha señalado que "es vergonzoso y algo huele mal" en referencia a las aprobaciones "a última hora" del anterior gobierno municipal para dejar claro que irán hasta el final.

Al respecto, el consejero municipal ha afirmado que "no nos preocupa" que pueda afectar a la relación con el PSOE al precisar que "la fiscalización de las contratas no está encima de ninguna mesa de negociación".