La reunión entre el Ministerio de Agricultura con la intersectorial láctea ha finalizado este jueves sin acuerdo para establecer precios sostenibles para toda la cadena de valor —productores, industria y distribución—, dado que los representantes de los ganaderos no ven por el momento garantías legales de su cumplimiento, por lo que seguirán las negociaciones en los próximos 15 días.

Aunque la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha informado de que se ha alcanzado un principio de acuerdo con el sector lácteo, al que no se han sumado de momento la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), el caso que es para los productores el borrador presenta "tres problemas importantes", según ha señalado el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, que ha señalado que no se ha firmado ningún acuerdo pero sí que identifica una "nueva filosofía" en la industria y la distribución.

Garcia ha señalado que el primero de los problemas es que falta por "definir" el concepto de precio sostenible para que no haya una interpretación "libre", sino que esté basado en unos baremos con los 33 céntimos por litro como base. La segunda cuestión es que debe haber "un armamento jurídico" que garantice que se impongan sanciones en el caso de incumplimientos de precios sostenibles. Finalmente, los ganaderos exigen su entrada en vigor el 1 de octubre.

Si se cumplen estos requisitos las organizaciones agrarias son proclives a firmar el acuerdo en los próximos 15 días, pero demandan dos gestos de "buena voluntad" que pasen por que la distribución saque de los establecimientos la leche de bajos precios y que la industria retire los contratos a la baja. Así, las partes se han dado de plazo hasta el próximo martes para hacer aportaciones al documento con el fin de que se pueda firmar en un plazo de 15 días.

La ministra de Agricultura ha expuesto que lo abordado será "muy beneficioso" para los ganaderos, aunque ha afirmado que aún falta "perfilar algunos flecos". El acuerdo contempla que se mejoren las relaciones comerciales entre distribución e industria y que esta mejora se traslade al sector productor. "La industria se compromete a trasladar a los ganaderos parte de las mejoras que obtenga de las mejoras comerciales con la distribución", ha explicado la ministra.

En virtud de este acuerdo, la distribución se compromete a dar valor a los productos lácteos y a no utilizarlos como reclamo, con el objetivo de que "no sean el gancho para atraer a los clientes sobre la base de tirar los precios a la baja". UPA y COAG han supeditado su apoyo a la eliminación de la leche como producto reclamo o que en los próximos contratos entre ganaderos e industria los precios no sigan a la baja.

En el documento en el que se trabaja se apuesta por "un cambio" en el que tanto la industria deberá "informar" de cúal es su forma de proceder ante los ganaderos, al tiempo que la distribución hará transparente los precios que le paga a la industria para saber dónde se queda la plusvalía en la cadena de valor.

Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha afirmado que es "la primera vez" que la industria y la distribución se han comprometido a "llevar valor" a la cadena, y esos "compromisos los tenemos que ver". Barato ha reclamado que, "en lo que se pueda", este documento debe tener garantías jurídicas y ha apuntado que en los próximos días habrá que concretar algunos detalles y "en el momento que se firme exigir su cumplimiento".

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha destacado que la respuesta de su organización al acuerdo, que ha definido como "muy genérico", será no, pues entiende que "no responde" a lo que exigen los ganaderos, al ser un acuerdo voluntario en el que no hay "garantías". Blanco ha pedido "hechos reales y constatados" por parte de la industria y la distribución, en los nuevos contratos y en la leche por entregar en septiembre, algo que es "posible" y ha avanzado que las manifestaciones y protestas continuaran si así lo deciden los compañeros de las organizaciones afectadas.

En este sentido, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha pedido "garantías jurídicas recogidas en una orden ministerial o decreto ley" del cumplimiento de estos acuerdos y ha insistido en que "si la distribución tiene voluntad de llegar a un acuerdo, que se empiece a ver ya" y, por ejemplo, eliminen las campañas de la leche como producto reclamo "que se ven todos los días".

Ramos ha remarcado que "hay tiempo" hasta la próxima reunión y que, si en ese periodo se aprecian esos "gestos", se tomará la decisión de "firmar o de no firmar" y hasta entonces, "se mantendrán los calendarios de protestas. Desde la industria láctea han valorado el acuerdo presentado, pues su juicio modifica el marco de relaciones comerciales en el sector, que le llevará a darle más estabilidad.