El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha expresado su intención de que la futura la Ley de Renta Básica de la Comunidad sea "pionera" en España y Europa gracias a la adopción de "métodos de trabajo proactivos" y la creación de instrumentos "que sean realmente modernos" para que "la disponibilidad de fondos por parte de las familias no sea una obligación, sino un derecho".

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de presentar, junto con la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, el documento base para la redacción del proyecto de Ley de Renta Básica de la Comunidad.

Lambán ha detallado que "se trata de superar el concepto del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI)", una ayuda que otorga ahora la Administración autonómica, y "garantizar a todas las familias aragonesas la disponibilidad de algún tipo de ingreso con el que sobrevivir con dignidad" hasta que puedan obtener "un empleo digno".

Para eso, el Ejecutivo ha presentado un documento base que, a partir de ahora, "vamos a someter a la participación de toda clase de entidades". Este lunes, han acudido a la reunión más de cuarenta entidades e instituciones, incluida la Universidad de Zaragoza, colegios profesionales y empresarios.

El presidente de Aragón ha apuntado que su objetivo es que la ley pueda estar en vigor en 2016, para dar "cumplimiento a un compromiso electoral básico". Al respecto, ha argumentado que "debemos aprovechar la recuperación económica para encauzarla hacia un modelo productivo que genere empleo de calidad" y con servicios públicos que permitan "redistribuir la riqueza".

No obstante, "entre tanto, no nos podemos permitir el lujo moral de dejar a alguien detrás" ya que "la desigualdad que en este momento existe es inaceptable desde el punto de vista moral e ineficiente económicamente" y "es el disolvente más peligroso para la salud de la democracia".

Con los ayuntamientos

Lambán ha lamentado que, con el PP, la desigualdad "no solo se está corrigiendo, sino aumentando" y para eliminarla ha considerado que una de las primeras medidas debe ser la implantación de la renta social básica "que queremos llevar adelante de la mano de los ayuntamientos".

Además, ha asegurado que la partida para esta ley será "prioritaria" en el Presupuestos de la Comunidad autónoma para 2016, en el que "ya estamos trabajando", "aunque sea a costa de retrasar o posponer otro tipo de programas que pueden esperar".

Ha añadido que no se ha precisado una cuantía para esa renta social ya que "es algo que habrá que debatir con el tejido asociativo", ni tampoco se posee una cifra de beneficiarios.

En este punto, ha remarcado que "no pensamos en términos económicos, sino morales" y "si algún sentido tiene la llegada de un Gobierno socialista es la eliminación de desigualdades" y "la primera, la más lacerante y que hay que superar es la que se produce entre las familias que pueden sobrevivir con dignidad y las que carecen de cualquier clase de ingreso".

Por eso, "cueste lo que cueste, la vamos a eliminar" y ha deseado que la nueva ley "entre en vigor al año que viene" puesto que "son muchas las familias que en este momento atraviesan por la angustiosa situación" al tener todos sus miembros en paro "y sin ningún tipo de ingreso para sobrevivir".

PROCESO

El Gobierno autonómico ha explicado que a partir de ahora los colectivos implicados van a participar en grupos de trabajo o talleres donde presentarán sus aportaciones, que serán debatidas y podrán ser incluidas en el documento final.

La intención es que el proyecto de ley pueda ser llevado a las Cortes para finales de año y que este pueda ser aprobado de forma urgente.

El objetivo final es concretar el acceso a un nuevo derecho básico, subjetivo y de ciudadanía, que garantice una cuantía mínima con la que las familias puedan cubrir sus necesidades y la puesta en marcha de servicios técnicos y profesionales que apoyen la integración social de las personas que así lo precisen.

La renta básica sustituiría al IAI y a la Ayuda de Integración Familiar y tendría dos modelos, una sería el de complemento económico y otro el de ingreso mínimo.

El primero sería para aquellas unidades de convivencia que tengan algún tipo de ingresos, pero que estos sean inferiores al importe de la renta básica y el segundo para las que estén situación de riesgo y exclusión social y no dispongan de recursos suficientes para atender sus necesidades básicas.

Este ingreso mínimo tendría, a su vez, dos fórmulas de las que se derivarían cuantías diferentes, una sería la renta vital —para aquellos que decidan no participar en un proceso de inclusión— y otra una renta de inclusión —para los que sí participen—.

REQUISITOS

Los requisitos para acceder a esta renta serán estar empadronados y tener residencia efectiva en Aragón con un año de antelación o cinco años continuados durante los diez anteriores y ser mayores de 18 años y menores de 65, si bien podrían pedir esta ayuda aquellos menores de 18 años emancipados o que tengan menores a su cargo.

Además, tendrán una consideración especial las mujeres víctimas de violencia de género y se tendrá en cuenta la existencia de dos o más unidades de convivencia dentro de un mismo domicilio.

La prestación se limitará a dos años en cualquiera de sus modalidades, con la posibilidad de sucesivas prórrogas bienales, si se mantienen las causas que motivaron la concesión.

Apuesta por la dignidad

El miembro de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y director del Albergue Municipal de Zaragoza, Gustavo García, ha opinado que este nuevo sistema "es una apuesta por la dignidad" y ha comentado que "no hablamos solo de un núcleo estructural de familias empobrecidas, con connotaciones incluso de marginalidad continuada en el tiempo, sino de que la pobreza afecta hoy a personas y familia muy normalizadas".

Por eso, hasta ahora, en los servicios sociales "les decías que les tenían que hacer un itinerario de inserción y, entre otras cosas, era humillante" y ha considerado adecuado que "no se haga pasar por esos trámites de considerar marginado" a quien "se ha quedado sin dinero o no lo tiene porque está trabajando, pero su renta es baja" por tener "empleos precarios, de pocas horas o sueldo bajos".

García ha recordado que el IAI "se hizo en unos momentos en los que tenía sentido" y "la situación era prácticamente de pleno empleo" por lo que estaba dirigido "a personas y familias en situación de exclusión social".

Sin embargo, "la realidad de los últimos años nos ha desbordado" y ahora ese sistema es "anacrónico". A su entender, a las personas y familias hay que "darles ese mínimo que les permita sobrevivir con dignidad", algo que además evitará "sobrecargar los circuitos administrativos" de inserción.

También ha alertado de que la situación de pobreza y desigualdad es algo "urgente" y ha estimado que en estos momentos es "la auténtica cuestión de Estado", una vez que "hemos salido de la crisis y estamos en un modelo de sociedad marcado por las desigualdades".