La exdirectora general del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la cántabra Susana de la Sierra, ha abogado este jueves en Santander por fomentar que las ayudas públicas al cine español se dirijan hacia la promoción para asemejarlo al estadounidense.

Así, ha explicado que los incentivos fiscales en Estados Unidos son de 1.800 millones de euros concedidos, algo que, según ha apuntado, crea competencia entre los Estados para ver quién "establece más atractivo", al tiempo que ha explicado que "salvo excepciones, como la cultura", este tipo de ayudas públicas "están prohibidas en Europa".

"El cine es cultura, por eso debe protegerse", ha reivindicado De la Sierra durante su intervención en el encuentro 'Retos y contextos de las libertades de la comunicación audiovisual', que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Igualmente, ha subrayado que en Europa "el eje de las política cinematografías han sido siempre las ayudas públicas" y ha defendido que el cine "tiene que ser una excepción al objeto del libre comercio para contrarrestar el efecto de las películas norteamericanas", al tiempo que ha considerado que Francia es "el paradigma europeo" en aportaciones públicas al cine porque "tiene un fondo de protección de 700 millones".

De la Sierra también ha calificado la Ley General de la Comunicación Audiovisual (2007) de "muy ambiciosa, de una gran calidad, completa y muy consensuada entre grupos políticos y sociales", pero ha lamentado que "no se dedica presupuesto suficiente a la promoción debido que el presupuesto es limitado", según informa la UIMP en un comunicado.

Además, ha señalado que esta ley "es ambiciosa" en el sentido de que promueve la "educación audiovisual" y ha incidido en que, a su juicio, la formación futura de los ciudadanos es "fundamental para que crezca en un contexto audiovisual, también por una cuestión de supervivencia del cine y de poner freno al descenso de espectadores".

Por su parte, la presidenta de la Federación de Distribuidores Cinematográficos de España (Fedicine), Estela Artacho, ha denunciado que "la piratería asfixia al cine y en España la sensación de permisividad e impunidad respecto a la piratería es total" y que esta situación "descontrolada" la "remata" el 21% de IVA cultural.

Artacho se ha referido de esta manera a los datos del observatorio GFK, según el cual en 2014 el "volumen de películas vistas ilegalmente es de 877 millones con un valor en el mercado 6.139 millones de euros