El gasto de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta en alquileres de sedes judiciales en la comunidad autónoma se ha reducido en más de cinco millones de euros —de 20,2 en 2010 a 14,4 millones actualmente— gracias a la revisión de dichos arrendamientos y a la puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos judiciales en propiedad.

Así lo ha destacado este jueves el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, en comisión parlamentaria y en respuesta a una pregunta oral que al respecto de esta cuestión le ha formulado la diputada de Podemos Begoña Gutiérrez, que le ha interrogado sobre los "motivos" por los que la Junta alquila edificios para dichas instalaciones en vez de utilizar otros de titularidad pública.

Al respecto, el titular andaluz de Justicia e Interior ha subrayado que el número de sedes alquiladas ha disminuido en un 22 por ciento entre 2010 y 2015, de forma que, actualmente, Andalucía cuenta con un total de 167 sedes judiciales, de las que 94 son en propiedad o cesión de uso, mientras que las restantes 73 se encuentran en régimen de alquiler, manteniéndose vigentes 100 contratos sobre una superficie total de 110.000 metros cuadrados.

El consejero ha asegurado que, desde que la Junta asumió las competencias en materia de Justicia, se ha venido trabajando, principalmente a través del Plan de Infraestructuras Judiciales, en la adquisición y construcción de edificios en propiedad para disminuir progresivamente el número de arrendamientos, y en el marco de las medidas de "control y racionalización del gasto público" que la Consejería de Justicia e Interior viene aplicando, ha destacado aquellas orientadas a la reducción del coste de los alquileres.

En este sentido, De Llera ha destacado que, en los últimos años, el cambio de situación del mercado inmobiliario ha permitido "rebajar considerablemente" el importe de los arrendamientos de las sedes judiciales, gracias a la negociación mantenida con los propietarios de los inmuebles y a la revisión de los contratos que han ido venciendo, siempre dentro de las exigencias de la normativa en materia de contratación pública.

"Desde la Consejería de Justicia e Interior", ha apuntado el consejero, "seguiremos trabajando en esta línea e impulsando en lo sucesivo, la negociación de los contratos de arrendamiento de edificios judiciales en condiciones económicas ventajosas, con el objetivo de continuar ahorrando en el gasto público, sin que ello menoscabe la prestación del servicio a los ciudadanos", ha avanzado.

El consejero ha señalado que resulta "impensable" actualmente "construir edificios y emprender grandes obras con el presupuesto tan ajustado" que maneja actualmente la Junta, salvo que se acuda a mecanismos como el de la colaboración público-privada.

Por otro lado, De Llera ha explicado que se están buscando fórmulas de colaboración con algunos ayuntamientos, como los gaditanos de Algeciras y San Roque o el almeriense de Vera, para obtener instalaciones en las que ubicar los juzgados que permitan eliminar los contratos de arrendamiento en estos municipios. Además, la puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos judiciales en propiedad va suponer un importante ahorro del coste destinado a los arrendamientos.

En este sentido, ha destacado el caso de la provincia de Almería, que, entre 2010 y 2015, ha pasado de tener catorce sedes en arrendamiento a cinco, rebajando el coste en 2,8 millones de euros en este periodo, gracias a la construcción de la Ciudad de la Justicia de Almería y del complejo judicial de El Ejido.

Gasto "desproporcionado",

Según podemos

Ante las explicaciones del consejero, la diputada de Podemos Begoña Gutiérrez ha insistido en apostar por el fin de los arrendamientos de sedes judiciales, con unos gastos "absolutamente desproporcionados".

Se ha preguntado cómo hay presupuesto para ello "si no hay dinero para nada", y se ha interesado por saber si la Junta tiene previsto un "plazo" de tiempo para que esas sedes judiciales arrendadas "se ubiquen en edificios de titularidad pública".