La Policía Judicial ha dejado en libertad con cargos a los tres detenidos vinculados con la empresa de Lalín Prosem, investigada por un supuesto fraude en cursos de formación subvencionados con fondos de la Xunta, según han corroborado a Europa Press fuentes relacionadas con este caso.

Los tres arrestados están acusados de falsedad documental y fraude vinculado a la gestión de subvenciones públicas y únicamente han pasado a disposición de la Policía, ante la cual se han acogido a su derecho a no declarar, hasta acudir a la citación del Juzgado. Quedaron libres en torno a las 14,00 horas.

Según han explicado fuentes de la empresa, los dueños de Prosem han llegado a los juzgados asistidos por su letrado, especialista en asuntos económicos.

En total, son tres personas las detenidas, entre las que se encuentran el administrador y el apoderado Prosem Consultoría Estratégica, José Antonio L.A. y Carlos L.A., y una tercera persona, que responde a la identidad de S.C.N., que es una empleada de la empresa.

Estas tres personas están siendo investigadas como responsables jurídicos en un delito de falsedad en documento mercantil y fraude en relación con los cursos de formación subvencionados. Según indicaron fuentes de la Guardia Civil, la investigación continúa abierta y se esperan nuevas detenciones.

El abogado de los acusados ha anunciado que se personará en el caso a la mayor brevedad posible para solicitar una copia de la documentación relativa al expediente judicial y conocer el detalle de los hechos que se les imputan. Los acusados se han "comprometido" a comparecer ante la Policía Judicial de Lalín cuando sea solicitada su presencia.

INCAUTACIÓN

Las detenciones se han llevado a cabo después de una investigación conjunta con la Agencia Tributaria, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lalín y tras el registro efectuado este lunes en la sede central de la empresa.

La investigación comenzó en el mes de marzo y, según la Guardia Civil, en el transcurso se "ha podido confirmar" la supuesta responsabilidad penal que "tendrían numerosas empresas de todo tipo de sectores de las cuatro provincias gallegas, que serian las beneficiarias del fraude de las subvenciones".

En el registro efectuado este lunes, fueron incautados doce ordenadores, discos duros, un servidor y numerosa documentación, que ahora tiene que ser analizada.