El nuevo Gobierno de Cantabria PRC-PSOE respetará los convenios que el anterior Ejecutivo del PP puso en marcha para los afectados por sentencias de derribo y extenderá estos acuerdos a 236 viviendas que están pendientes de suscribirlos, a sumar a las 329 que ya los han rubricado.

Además de continuar con los convenios -en los que se garantiza a los propietarios, en el caso de que no prospere el intento de legalizar su vivienda, el derecho a una indemnización económica fijada por un perito independiente o bien la sustitución de su casa por otra-, la Administración regional empezará a pagar este año por daños morales a los afectados, con las partidas consignadas para este ejercicio.

Y de cara al próximo presupuesto, hay previsiones para este fin por importe de 6,5 millones de euros, según ha apuntado la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, al término de una reunión con representantes de AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración, que agrupa a los afectados por derribos y que ha estado encabezada por su presidente, Antonio Vilela.

En declaraciones a los medios, este último ha detallado que cerca del 20% de los afectados por las sentencias de demolición han percibido ya la correspondiente indemnización por daños morales, a raíz de seis sentencias que condenan a este pago. De este modo, quedarían por recibir el importe de estos daños el restante 80%, que previamente deben solicitarlo ante los tribunales de justicia.

Además, la también titular de Universidades e Investigación y Política Social ha señalado que el problema de los derribos es una "prioridad absoluta" de su Gobierno al que quieren "dar respuesta" desde el inicio de esta legislatura, desde el diálogo y la colaboración con todas las partes afectadas, es decir, con AMA, los promotores de las denuncias que han condenado a la demolición de más de 600 viviendas en toda la región, el Parlamento y los ayuntamientos.

Y con este fin, Díaz Tezanos ha anunciado la celebración de una comisión permanente cada tres meses, en la que participarán miembros de la Consejería de Medio Ambiente, así como otras reuniones más globales, que se desarrollarán a lo largo del año.

La titular del departamento ha abogado así por solventar una situación que afecta a "cientos" de cántabros que han sido "ajenos" al problema y que son, por tanto, "víctimas inocentes" de unas sentencias que "amenazan seriamente su patrimonio".

De este modo, ha indicado que el Ejecutivo va a colaborar de forma permanente con los ayuntamientos, para que revisen sus planes generales de ordenación urbana, que den seguridad jurídica.

Pero el Gobierno también está a disposición de los tribunales de justicia, y va a respetar y cumplir las sentencias que dicten, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) como el Supremo (TS) o el Constitucional (TC).

Díaz Tezanos ha subrayado además la labor realizada por AMA y los afectados por derribos, que son un "ejemplo" de "lucha" y "tenacidad", y ha apostado por el diálogo permanente con ellos para solucionar un problema "social e histórico" de Cantabria, como ha apuntado Vilela, para quien es una "vergüenza" que hayan pasado "más de 25 años" y no se haya solventado.

El portavoz de la asociación -que ha conocido ya a "cinco consejeros" del ramo- ha opinado que se han dado "pasos importantes", como los convenios, pero quedan todavía pendientes de dar, por lo que ha reivindicado compromisos y plazos, y "pasar de las palabras a los hechos" concretos, como el pago de los daños morales.

Vilela ha expresado también su "preocupación" por la situación de municipios como el de Piélagos, que "diez años" después de presentar un anteproyecto del PGOU aún no lo ha aprobado "ni inicialmente", o el de Argoños, ayuntamiento en el que hay 255 viviendas con sentencia de derribo y "pasa el tiempo" sin que se haya dado una solución a las familias afectadas.

Por ello, ha defendido la necesidad de buscar soluciones entre todos y en los distintos ámbitos, incluidas instituciones como el Congreso y el Senado, con reformas como la del Código Penal -para dar "protección" a los ciudadanos afectados por este problema- o de leyes como la Hipotecaria para dar seguridad jurídica a las familias. "Hay campo jurídico en el que trabajar", ha sentenciado el presidente de AMA para concluir.