Los familiares de los internos de la Residencia Nuestra Señora del Mar, situada en La Garita, en el municipio grancanario de Telde, han denunciado las "precarias" condiciones del centro y la falta de seguridad en la que viven sus residentes.

A través de un comunicado, las familias han alertado sobre el actual "hacinamiento" que soportan los internos, ya que el centro "cuenta con una autorización para disponer de 146 camas y no 246, que son las que se están utilizando, cien más de las estipuladas, lo que casi duplica su capacidad".

Aseguran que ni tan siquiera las habitaciones cumplen con los requisitos que debe tener una residencia, ya que los espacios son "angostos", hasta el punto que una silla de ruedas "no entra por la puerta del baño".

Los afectados también advierten de las carencias en materia de seguridad y de accesibilidad de un centro que, aseguran, "vulnera la legalidad". Ante esta situación, exigen que se revise "de urgencia" la contratación de servicios de esta residencia, que "no se modifica desde hace cuarenta años", según apuntan.

Han criticado, además, la "desidia" del Servicio Canario de la Salud (SCS), que realiza una "derivación sistemática" de usuarios a la Residencia de La Garita, y han lamentado que "no desvíe usuarios a otros centros debidamente acreditados y descongestione las plantas de la residencia".

Insisten en que este centro "no cumple las medidas básicas de seguridad, en cuanto a incendios y accesibilidad, pretendiendo ser una instalación socio-sanitaria sin que dicho centro esté acreditado como tal".

En opinión de los afectados, "la diferencia en hacer uso de esa vieja resolución de autorización y ser un centro acreditado pasa precisamente por la exigencia de requisitos que no sólo van dirigidos a la calidad asistencia, sino a la seguridad y adecuación de las instalaciones".

Incendio en la residencia

Ponen como ejemplo el reciente incendio ocurrido en la Residencia, donde "se estaban desarrollando obras supuestamente sin licencia y donde quedó en evidencia la vulnerabilidad a la que están sometidos los usuarios, dada la improvisada, caótica e irresponsable evacuación, más voluntarista por la colaboración vecinal, que por quien debía asumir la responsabilidad directa de la misma".

Al mismo tiempo, censuran que el protocolo de actuación ante este suceso haya sido "tirar sillas de ruedas por las ventanas y arrastrar a los ancianos por las escaleras". "El SCS deberá asumir la responsabilidad penal y civil de remitir a los usuarios a un centro que no cuenta con medidas contra incendio y evacuación adecuadas y que no cumple con los parámetros de legalidad exigidos", señalan.

Por todo ello, los familiares han exigido la actuación "inmediata" de las instituciones competentes para poner fin a una situación que consideran "tercermundista" y en la que "se pone en tela de juicio el bienestar de los residentes".