Defiende el control sobre los recursos públicos, aunque tiene "confianza" en los alcaldes, y anuncia el fin de la discrecionalidad

Subraya que la coalición ostenta un "gobierno único" con un "proyecto común" y centra sus expectativas en la institución provincial

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha asumido el "reto complejo" de "revolucionar" el ente provincial, para el que plantea un "cambio radical" en las formas y en el fondo, y ha avanzado que, entre las modificaciones que pretende acometer está "separar los órganos políticos de los técnicos".

En una entrevista concedida a Europa Press, Silva, primera mujer y primera socialista que preside la Diputación pontevedresa, ha reiterado su deseo de "romper con el modelo presidencialista" de su antecesor, Rafael Louzán (PP), para "abrir puertas y ventanas" y sustituir la "arbitrariedad y discriminación" por la "transparencia". "Que una sola persona tenga toda la capacidad de decidir y de repartir, sin criterios objetivos, apoyando casi exclusivamente a los de su partido político, no puede ser la forma de funcionar", ha subrayado.

En esa línea, Silva ha confirmado la "desaparición total" del 20 por ciento del presupuesto para libre disposición de la presidencia, una "forma poco democrática de tomar decisiones", y ha anunciado la implantación de un modelo de reparto de fondos provinciales a través de transferencias y subvenciones "con criterios objetivos, equitativos y que conozcan todos los ayuntamientos".

"Queremos una forma distinta de entender las administraciones. Estamos planteando cuestiones que van a revolucionar la forma de actuar de la Diputación de Pontevedra", ha destacado.

Separar órganos políticos y técnicos

Entre los cambios que Silva plantea está "separar claramente los órganos políticos de los técnicos" para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la legalidad. Según su criterio, los miembros del gobierno y de la oposición, así como las estructuras ligadas directamente a ellos, deben estar diferenciados de los altos cargos y funcionarios (órganos técnicos). "No puede ser que estén tan conectados, porque así la Administración no es independiente", ha resaltado.

Otro de los cambios es la revisión de la prestación de servicios en función de las competencias. A ese respecto, la presidenta de la Diputación aboga por "sentarse con la Xunta" para estudiar aquellos servicios que puedan ser transferidos al gobierno gallego porque, por ley, son competencia autonómica, y ha puesto como ejemplo el complejo Príncipe Felipe de Pontevedra. "Siempre salvaguardando la garantía de que se sigan prestando, y los derechos de los trabajadores de esos servicios", ha añadido.

Por otra parte, Silva ha confirmado su deseo de "modernizar y profesionalizar" la Diputación, y ha reconocido que hay "serias carencias" de técnicos (economistas, juristas, arquitectos, ...) que, "desde el profundo conocimiento", permitan que esta administración haga frente "a retos muy importantes". "Hay muy buenos trabajadores, pero falta una estructura más moderna y profesionalizada", ha apuntado.

Reparto de recursos

En la hoja de ruta de Carmela Silva al frente de la administración provincial figura en lugar destacado la modificación del sistema de reparto de fondos para los municipios. Así, ha abogado por establecer un modelo "más justo", basado en el diálogo interinstitucional, y en el que quede desterrada la "discrecionalidad" de su predecesor.

La presidenta de la Diputación ha avanzado su intención de crear un Fondo Local para transferir recursos a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes según "criterios claros y objetivos"; para el resto de municipios y grandes ciudades, Silva apuesta por la firma de convenios previo diálogo con los alcaldes y alcaldesas, así como por la puesta en marcha de proyectos globales que generen sinergias y beneficien a toda la provincia.

En cualquier caso, ha aclarado que las inversiones nunca serían decididas directamente por la Diputación, sino que los alcaldes, "a los que han elegido los ciudadanos", serán los que prioricen las inversiones en sus respectivos municipios. "¿Quién soy yo para decidir en qué se invierte? Los modelos de ciudad son los que desarrollan los alcaldes, que para eso fueron elegidos por sus ciudadanos", ha indicado.

Control del dinero público

Con respecto al control de los fondos públicos, Silva ha avanzado la creación de algún "instrumento" que permita fiscalizar y controlar el destino de ese dinero, con el objetivo de que "los fondos públicos se destinen a los fines previstos".

Aunque Silva ha indicado que, si se detectasen "situaciones inaceptables" se tomarían "medidas", ha proclamado su "confianza" en todos los regidores. "Yo no parto de pensar que los alcaldes van a hacer un mal uso de los recursos. Si hay unas reglas de juego claras y definidas, no se tienen por qué incumplir", ha apostillado.

"Es probable que algunos ayuntamientos que, hasta ahora, recibían dinero de forma discrecional, estén preocupados, pero no tienen por qué", ha afirmado la presidenta. "Deberían estar preocupados si yo siguiera el antiguo modelo, el de repartir entre ayuntamientos del mismo color político que la presidenta. Pero ese modelo se acabó. Está finiquitado y nunca más", ha aseverado.

"gobierno único" con dos grupos

Con respecto a la gestión política de la Diputación, que PSOE y BNG gobiernan en coalición, Carmela Silva ha sido categórica al afirmar: "Aquí hay un gobierno único, en el que hay respeto por los dos grupos políticos". Según ha añadido, "eso depende de la voluntad política de la presidenta y el vicepresidente, de la capacidad de diálogo, de la búsqueda de consenso y acuerdo".

A pesar de que la coalición "requiere mucho trabajo", la socialista se ha mostrado "segura" de que funcionará y ha advertido de que "el problema surge cuando no hay un proyecto común claramente definido". "Pero lo hay, partimos de una mayor facilidad para que haya un gobierno único y no haya discrepancias públicas, ni la visualización de dos gobiernos. No hay ningún complejo en compartir el poder", ha reiterado.

En cuanto a su futuro político, Silva ha precisado que está "volcadísima" e "ilusionadísima" con el reto de cambiar la Diputación para que los ciudadanos se sientan "orgullosos" de ella, y la vean como un organismo "útil" y no un mero "mecanismo de reparto de dinero". "Yo, a esto", ha insistido, y ha criticado a quienes consideran las instituciones como "plataformas" de proyección de sus carreras políticas.

Papel de las diputaciones

Finalmente, con respecto al papel de las diputaciones en el mapa administrativo y territorial, Silva ha recordado que España tiene miles de ayuntamientos pequeños, en los que es "imposible" que las administraciones municipales asuman todos los servicios. En esos casos, las diputaciones deben transferir recursos para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos.

En cualquier caso, Silva ha reconocido que hay "debate" sobre el futuro de estas instituciones y que "muchos plantean la necesidad de una reforma constitucional que clarifique el modelo territorial y de la administración". "A lo mejor desaparece el nombre de las diputaciones y se plantean otros organismos distintos (*), las áreas metropolitanas y las mancomunidades pueden ser una alternativa, ¿por qué no? Se puede hablar de todo", ha afirmado.

No obstante, ha precisado que cualquier reforma debe pasar por el diálogo político y por el análisis "serio", para ver "cómo afectan la desaparición o la creación de estructuras a los ciudadanos". "La única forma de modificar la Constitución es teniendo apertura de miras, capacidad de llegar a acuerdos y dialogar", ha sentenciado.