El Grupo Popular ha aprobado este martes en solitario con sus votos el texto de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular y Participación Ciudadana, en el transcurso de un Pleno Extraordinario en el Parlamento gallego en el que los grupos de la oposición han criticado la norma por "burocratizar" las relaciones entre ciudadanos y Cámara y por "no aportar nada" a lo que se hacía hasta ahora.

Durante el debate, los populares han defendido tanto el contenido de la ley, que "facilita" la participación ciudadana en cuestiones parlamentarias, como los "mecanismos" que regularán esta relación. Sin embargo, los grupos de la oposición consideran que esta ley es "inútil" y que no plantea ningún avance con respecto a lo que ya se hace en la Cámara, aunque introduce más "burocracia".

Entre las novedades que aporta el texto votado en el Parlamento, los gallegos podrán hacer llegar a la Cámara, además de Iniciativas Legislativas Populares, proposiciones no de ley, que requerirán el apoyo de 2.500 firmas.

Sin embargo, tal y como critican los grupos de la oposición, para la tramitación de estas proposiciones será necesario que alguno de los partidos asuma la iniciativa y su defensa sumará dentro de la cuota de asuntos que cada grupo puede llevar al Parlamento según su reglamento. Los ciudadanos también podrán dirigir preguntas al Gobierno, aunque también a través de los grupos políticos.

"perder el tiempo"

Durante su intervención, el diputado socialista José Luis Méndez Romeu ha criticado que, con esta ley, "los ciudadanos podrán llegar, como mucho, al registro, algo que ya hacían". En este sentido, ha criticado que los populares rechazasen las enmiendas que pedían la defensa de forma directa de las proposiciones por parte de los promotores, en favor de que los grupos parlamentarios sean los que las trasladen.

"En la práctica esto ya viene ocurriendo sin necesidad de firmas", ha explicado Méndez Romeu, quien se ha preguntado "para qué 2.500 personas van a perder el tiempo recogiendo firmas" si los grupos de la oposición "ya reciben a distintos colectivos" para defender sus iniciativas sin requerirles signaturas.

Para los socialistas, el texto de la norma está "vacío de contenido", lo que convierte a esta ley en "inútil". "Es evidente que sólo una parte muy pequeña podrá ser incorporada a la tramitación ordinaria", ha apuntado el socialista, para quien la ley vuelve a frenar a los ciudadanos "en el registro" y los aleja de "la tramitación" de sus propias iniciativas.

Un "sujeto político inmaduro"

En la misma línea, el diputado de AGE Ramón Vázquez ha lamentado que la norma recoja "algo que ya sucede en este Parlamento, que la ciudadanía pueda presentar iniciativas a través de los grupos parlamentarios" y ha asegurado que en ella se trata a los ciudadanos como un "sujeto político inmaduro" que necesita de los partidos para trasladar sus propuestas.

Para Ramón Vázquez, es necesaria de forma "urgente" la "activación de mecanismos de participación ciudadana" reales, dado que "la democracia sólo podrá ser rehabilitada" mediante la "democracia participativa".

Por ello, ha reiterado el apoyo a las enmiendas de AGE a la Ley de Participación Ciudadana, rechazadas en la votación. Estas enmiendas, en consonancia con las de otros partidos de la oposición, ha indicado, instan a que sean los propios ciudadanos promotores los que defiendan sus iniciativas en la Cámara y que realicen "por sí mismos" las preguntas al Gobierno.

Al mismo tiempo, AGE apuesta por establecer presupuestos participativos y por tomar medidas "proactivas" que "favorezcan la participación". Al igual que el grupo del BNG, ha reclamado que puedan participar en estas proposiciones ciudadanos desde los 16 años, en lugar de los 18.

BUROCRACIA

También la diputada del BNG Ana Pontón se ha sumado a las críticas a la ley en relación al proceso para que una proposición llegue a la Cámara, a través de los grupos parlamentarios, que "ya trasladan estas iniciativas sin necesidad de esos procesos".

Pontón ha acusado al Grupo Popular de defender un texto que "burocratiza la relación normal de los ciudadanos con el Parlamento" y que "no garantiza" que las propuestas ciudadanas, "que tienen detrás un trabajo, vayan a ser debatidas en la Cámara" si no consiguen en apoyo de un grupo.

En relación a este apoyo, la diputada del BNG ha recordado que la proposición que "asuma" un grupo entrará "en las cuotas" de las que dispone para introducir debates en la Cámara, lo que "reducirá" su capacidad de proponer cuestiones.

"En la práctica, no se está garantizando ninguna participación directa de los ciudadanos", ha criticado Ana Pontón, quien, al igual que otros grupos de la oposición, ha reclamado que se "rebajen" los "umbrales" de número de firmas exigidas.

Al igual que los demás grupos de la oposición, el Grupo Mixto, en voz de la diputada Carmen Iglesias, ha criticado una ley que "no aporta nada" y ha reclamado cuestiones como la reducción del número de firmas necesarias y la incorporación de la comisión promotora a "todo el proceso", no únicamente a la presentación.

Para Carmen Iglesias, el texto votado en el Parlamento supone "un lavado de cara" que, en la práctica, "limita las iniciativas ciudadanas". En contraposición, ha reclamado "pasar de las protestas a las propuestas" que "avancen en la mejora del precario sistema democrático".

Sin renunciar a los procedimientos

En contraposición, el Grupo Popular ha defendido el texto propuesto y ha asegurado que "incorpora nuevos elementos para facilitar la participación de la ciudadanía" en la vida política, aunque "sin renunciar a las formas ni a los procedimientos".

La diputada del PPdeG Paula Prado ha asegurado que "la democracia en Galicia goza de un magnífico estado de salud" y ha señalado que esta Ley de Participación Ciudadana aporta mejoras "sin desviarse del sistema democrático participativo".

En este sentido, Prado ha apostado por el traslado a través de los grupos parlamentarios alegando que, como novedad, se garantiza que el texto que se debata "será exactamente el que pretende el colectivo" y no el que fije el partido que lo defienda. A mayores, ha rechazado rebajar hasta los 16 años la edad mínima para participar en el proceso, indicando que "no tiene sentido disociar" el derecho al voto, en los 18 años, de este procedimiento.

Para concluir, Paula Prado ha asegurado que Galicia es "pionera" en la puesta en marcha de una normativa que ha calificado como de "I+D+P, Instituciones, más democracia y más participación".

En la votación final, las enmiendas mantenidas por los grupos de la oposición han contado con el voto en contra del PP, por lo que han sido rechazadas. Por su parte, los populares han apoyado en solitario la aprobación de la norma, que ha sido rechazada en bloque por la oposición.