La Asociación de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef) ha mostrado su apoyo al Decreto Ley de medidas urgentes en materia de grandes establecimientos comerciales aprobado por el Govern, que incluye una disposición que suspende la concesión de licencias a grandes superficies comerciales durante seis meses.

Según ha explicado la patronal en un comunicado, en la pasada Comisión Interinsular Asesora de Comercio, la Asociación de Comercio de Pimeef manifestó su respaldo al conseller de Comercio del Govern, Iago Negueruela, ante el "inexplicable" recurso de inconstitucionalidad que ha interpuesto el Gobierno Central sobre cuatro artículos de la Ley de Comercio de Baleares.

Además de estas medidas cautelares del Govern Balear, la PIMEEF exige y reclama una vez más al Consell de Ibiza la elaboración de un Plan Director de Equipamientos Comerciales que defina el futuro del comercio en la isla.

Por ello, se ha ofrecido a apoyar y trabajar conjuntamente con la institución para que se establezca un marco jurídico que permita reflejar el sector comercial que necesita la isla en el futuro.

Según han informado, el recurso interpuesto desde el Gobierno central señala que para catalogar un establecimiento como gran establecimiento comercial, éstos deben tener una superficie de exposición y venta de mas de 750 m2, cuando la Ley de Comercio de Baleares diferencia esta medida según cada isla, definiendo como grandes superficies comerciales aquellas con más de 300 m2 en Formentera, más de 400 m2 en Menorca e Ibiza y más de 700 m2 en Mallorca, considerando la casuística de cada una de las islas.

Por otro lado, el Gobierno central también ha recurrido el artículo que marca la doble autorización que debe pasar un gran establecimiento comercial para obtener la licencia de actividad, es decir, la autorización autonómica previa que debe otorgar el Govern Balear y la posterior, otorgada por el municipio donde se ubique, pidiendo que exista una única autorización.

El Gobierno central también se opone en su recurso al plazo que marca la Ley de Comercio de Baleares, que es de cuatro meses para responder con silencio administrativo negativo, considerando Madrid que el plazo debe ser de tres meses y el silencio, positivo.

Ante este recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Central, la conselleria de Comercio, con el respaldo de todos los sectores implicados, anunció que adoptaría las medidas necesarias para mantener el equilibrio comercial entre grandes y pequeños formatos comerciales que establece nuestra Ley de Comercio de Baleares.

Ante la inseguridad que se pudiera producir en el intervalo de tiempo en el que se resuelven los recursos interpuestos ante el Constitucional, el Govern señaló que se aprobarían medidas cautelares, que ya han visto la luz.