El 'caso Guateque' irá a juicio... En cuanto la Audiencia Provincial establezca fecha para ello. Rosa María Freire, titular del juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, ha solicitado al órgano judicial la apertura del procedimiento oral contra 32 funcionarios y empresarios acusados de formar parte de una trama que sobornaba a trabajadores públicos del Ayuntamiento de Madrid a cambio de licencias para locales de ocio y comercio.

Las investigaciones, que han permanecido abiertas desde 2007, han acumulado años de retraso debido al volumen de encausados y a las demoras acumuladas por su primer responsable, el juez -ahora, abogado- Santiago Torres. Ningún político ha sido imputado. Alberto Ruiz-Gallardón, bajo cuyo mandato se tejió la red corrupta, logró salir indemne del caso después de privatizar la gestión de los permisos, decisión que fue anulada por la Justicia.

Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil irrumpieron pasadas las 9.00 horas del 14 de noviembre de 2007 en las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente y en las juntas de distrito de Centro, Chamberí y San Blas. Una quincena de funcionarios fueron detenidos por el supuesto cobro de 'mordidas' de entre 3.000 y 18.000 euros a cambio de permisos urbanísticos. El número de acusados aumentó en los días posteriores e incluyó a varios empresarios.

La denuncia de un empresario del sector del ocio nocturno, que aseguró haber sido víctima de extorsión, llevó a la Guardia Civil hasta la trama. La segunda fase de la operación se activó debido al testimonio del dueño de una tienda de animales de El Rastro al que exigieron 72.000€ a cambio de evitar el cierre de su local.

Victoriano Ceballos, exjefe del área municipal de Impacto y Análisis Ambiental, era el supuesto cabecilla de la trama, según la investigación. El funcionario Carmelo García y el empresario Santiago Castillo actuarían como intermediarios entre los propietarios de los locales y el Ayuntamiento. Una vez que el soborno era efectivo, las licencias gestionadas previo pago que tardarían en resolverse más de un año estaban listas en menos de dos meses.

El juzgado número 32 autorizó en el verano de 2007 a pinchar los teléfonos de una docena de funcionarios. El material recogido dio pie a los registros y detenciones posteriores. La Guardia Civil se incautó, durante los mismos, de discos duros y documentación suficiente para fundamentar las acusaciones de soborno, tráfico de influencias, cohecho, falsificación de documento público y negociaciones prohibidas a funcionarios.

El auto del juzgado de Instrucción 32, con fecha 16 de julio y conocido este martes, pide la apertura de juicio oral contra 32 personas. En la terna hay técnicos de la sección de Licencias, miembros del área de Disciplina Urbanística, trabajadores de Evaluación Ambiental, un gestor de licencias, un arquitecto y varios empresarios. Todo están en libertad provisional, pero deben aportar fianzas de entre 2.000€ y 764.000€.

No. Luis Armada, exgerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid entre 1997 y 2003, fue imputado a raíz de la denuncia de un particular, pero el juez retiró la acusación. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobreseyó el 'caso Becara', pieza separada del 'caso Guateque', en la que estaba imputado Íñigo Henríquez de Luna, exconcejal del distrito de Salamanca y actual concejal municipal.

El alcalde salió indemne y ni él ni sus concejales de Urbanismo y Medio Ambiente, Pilar Martínez y Ana Botella, respectivamente, asumieron responsabilidades. Las aplicaciones informáticas que tiene el Consistorio evidenciaban los distritos con mayores problemas en la tramitación de licencias, según publicó El País, pero todos aseguraron que no detectaron nada porque no era su competencia. Gallardón aprobó una comisión de investigación que se cerró sin que hubiese acuerdo en la lista de comparecientes. Pilar Martínez declaró, durante un pleno extraordinario, que si la corrupción era "un secreto a voces", como muchos funcionarios aseguraron, "todos estábamos ciegos".

El juez que inició la investigación, Santiago Torres, fue multado en 2012 con 1.000€ por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por una falta muy grave de retraso injustificado en la tramitación de diligencias. Las pesquisas concluyeron en julio de 2012. Después, abandonó el juzgado de Instrucción 32, cuya gestión recayó en Rosa María Freire Pérez, que ha solicitado la apertura de juicio oral.

Alberto Ruiz-Gallardón creó la Agencia de Licencias (Agla) y privatizó su gestión, dejándola en manos de entidades colaboradoras (Eclus). El Tribunal Supremo confirmó a finales de 2013 que el Consistorio no podía cederles la tramitación en exclusiva, por lo que el servicio lo prestan ahora también las oficinas municipales.