Estaba embarazada, tenía antecedentes de una hermana con síndrome de Down y pidió al Servicio Andaluz de Salud ser sometida a la prueba de detección precoz de esta deficiencia. Al parecer, el SAS se la negó. La niña nació con la patología y ahora los padres reclaman a la Junta una indemnización de 525.700 euros (300.000 euros para la pequeña y 225.700 euros para los padres), según consta en la demanda. El médico que le negó la prueba argumentó que no era necesaria porque, a su criterio, el hecho de que la hermana nacida fuese afectada no constituía ningún factor de riesgo, denuncian los padres.