El Ayuntamiento de Madrid paraliza los procesos destinados a desahuciar a inquilinos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). La orden proviene de la nueva concejal de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, que este martes anunció la puesta en marcha de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, con la que Ahora Madrid tratará de impedir los lanzamientos sin alternativa habitacional.

Higueras detalló en comisión que la moratoria permanecerá vigente hasta que la nueva corporación revise los desahucios en la EMVS, cuyo número no detalló. En paralelo, su equipo estudiará la modificación de las condiciones de acceso a los pisos protegidos, con el fin de ajustar los baremos económicos y sociales a la nueva realidad de la ciudad.

El Ejecutivo municipal también está escrutando los acuerdos por los que el fondo Blackstone-Magic Real Estate se hizo con 1.860 viviendas públicas en alquiler en los distritos Centro, Carabanchel, Villa de Vallecas y Villaverde en julio de 2013 por 128,5 millones, un 20% menos de su valor contable. El Ayuntamiento quiere saber si la venta, aprobada con Ana Botella (PP) al frente del equipo de gobierno, fue legal y si puede cancelarse. "Si hay motivo para la reversión se hará", sentenció la concejal.

Hasta entonces, los vecinos amenazados de desahucio y los que se encuentren en riesgo de perder su casa podrán acudir a la Oficina de Intermediación Hipotecaria, que abre este miércoles.

El Consistorio, gobernado por Ahora Madrid, ha elegido como ubicación las dependencias de la EMVS situadas en el número 15 de la calle de Fray Luis de León (en el barrio de Palos de la Frontera, junto a Embajadores).

El local, que se encontraba vacío, será atendido por tres trabajadores sociales y tres administrativos, todos ellos funcionarios públicos desplazados de otras áreas municipales. "No hemos tenido ni que pedirlo. Todos los trabajadores se han apuntado de forma voluntaria porque querían participar este servicio", se regocijan desde el Palacio de Cibeles. La plantilla provisional la completan, según recogió la agencia Europa Press, dos miembros de Signum, fundación auspiciada por el Colegio Notarial de Madrid que se ha especializado en resolución de conflictos por vía extrajudicial en los ámbitos Civil y Mercantil.

Esta oficina tendrá dos funciones. La primera será negociar moratorias de pago, reestructuraciones o alquileres sociales con los bancos o las empresas propietarias de pisos, a fin de que los inquilinos conserven su hogar.

El segundo recurso, que se activará solo en caso de que el proceso esté judicializado o de que no se pueda impedir el lanzamiento, será ofrecer a los afectados una alternativa habitacional, aunque el objetivo es actuar antes del desahucio: "La idea es que cualquier vecino que tenga un problema o que crea que va a tenerlo acuda a contar su caso. Los servicios municipales intermediarán entre el banco y la familia para lograr una solución".

El parque inicial que Madrid dedicará a esta "emergencia" será de 20 viviendas, aunque fuentes municipales aseguran que el número se ampliará progresivamente. "Varios bancos nos han ofrecido, en reuniones con la alcaldesa, pisos sociales o alquileres reducidos, pero esto aún debe concretarse mediante acuerdos con cada una de las entidades", detallan desde el área de Derechos Sociales.

Manuela Carmena aseguró este martes que las "urgencias sociales" son la "prioridad" de su Ejecutivo. La edil Marta Higueras calificó de "obsesión" el objetivo de acabar con los desahucios. "Dejar en la calle a una familia es un fracaso. En el marco de la ley pondremos todo los recursos para paliar este drama", concluyó.