María Dolores Rosa Álvarez trabaja en la Casa de la Cultura de la localidad cordobesa de Cabra, perteneciente a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento egabrense.

Su expareja, Jorge Rada Cordón, también es trabajador del Consistorio. Es peón de la Delegación de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente.

En 2012 Rada fue condenado por una falta de vejaciones y se le prohibió que se aproximara a ella a menos de 100 m. Pero incumplió esa condena cuando acudió a la Casa de la Cultura. Además, según ha recordado hoy Rosa, su expareja le envió un mensaje al móvil en el que la insultaba y le aseguraba que iría a por ella. Ese mensaje, según la víctima, le llegó cuando denunciaba los hechos ante la Policía Nacional.

Por ese motivo, en septiembre de 2014 Rada volvió a ser condenado. Esta vez a nueve meses y un día de prisión por un delito continuado de quebrantamiento de condena y a seis meses y prohibición de acercarse a ella a menos de 250 m, bajo cualquier circunstancia y durante dos años y seis meses, por un delito de amenazas leves. El hombre admitió los cargos y dio conformidad a la sentencia, incluso.

Sin embargo, María Dolores Rosa ha denunciado este miércoles que el Consistorio de Cabra no evita que su expareja se le acerque. Según ha asegura, el condenado ha vuelto a incumplir la orden de alejamiento.

IU (Rosa iba en la lista de las pasadas elecciones municipales por esta formación) ha explicado a 20minutos.es que hace unos meses, Rada "fue a trabajar a un lugar que está a menos de 250 m del puesto de trabajo" de ella. "Rosa se cruzó con él y eso le generó ansiedad. Su médico le dio la baja", agregó. Ella sigue todavía sin ir a trabajar.

La organización de izquierdas ha expuesto también que "sabemos de la buena voluntad del alcalde, pero no nos consta que las medidas que se hayan adoptado estén por escrito".

Rosa escribió al alcalde, Fernando Priego (PP), en febrero. La respuesta le llegó el 27 de abril. Según ha explicado el propio regidor, en su carta le indicaba a la víctima que se habían tomado "medidas" para protegerla.

Así, ha indicado que se le indicó que se le había comunicado al encargado del servicio del condenado que este debía ir acompañado por otro empleado en todo momento. Y que se dio la "orden expresa" de que se evitara que Rada trabajara en las "dependencias municipales" donde está ella. También, que había hablado con la Policía y la Unidad de Violencia de Género sobre la sentencia condenatoria y las medidas que debía adoptar el Ayuntamiento.

Sin embargo, Rosa volvió a escribirle el 6 de mayo, "en aras de defender mi integridad física y psíquica". El alcalde ha reconocido que aún no le ha respondido a este último escrito, pero ha incidido en que se han adoptado "medidas".

Para la delegada de Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Cabra, María de la Sierra de Julián, el Gobierno local "ha adoptado las medidas que estaban en su mano".

De Julián ha indicado que esta situación "es bastante complicada" y ha recordado que "el competente en esta materia es el juzgado". Por eso, ha añadido que "si se han incumplido las medidas judiciales, habría que denunciar" ante el juez.