El presidente de la Junta en funciones y candidato del PP a presidir Castilla y León en los próximos cuatro años, Juan Vicente Herrera, ha ofrecido este jueves a los cinco grupos parlamentarios la posibilidad de alcanzar un "gran pacto" para reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla y León para incorporar un suelo de gasto social equivalente al 80 por ciento del gasto no financiero disponible por las consejerías en su objetivo último de "blindar" los avances sociales.

De este modo, se otorgaría a los servicios públicos esenciales relacionados con la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales y la Dependencia "la máxima prioridad presupuestaria".

Herrera, que ha desgranado este jueves su programa de gobierno para los próximos cuatro años, ha abogado también por dar rango normativo y garantía de estabilidad tanto al Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública de Castilla y León como a la Red de Protección a las Personas y Familias.

Por otro lado, ha apostado por incorporar nuevas exigencias sociales en materia de calidad democrática entre las que ha citado la limitación de mandatos de los responsables políticos y de sus aforamientos, la limitación del número de posibles consejeros de la Junta y la adecuación del número de procuradores de las Cortes -en la actualidad son 84— donde ha introducido la incompatibilidad de que un alcalde de un municipio de más de 20.000 habitantes ocupe también un escaño en el Parlamento -en estos momentos los alcaldes de León y de Salamanca, Antonio Silván y Alfonso Fernández Mañueco, ocupan ambas condiciones-.

Herrera ha propuesto excluir de sus responsabilidades públicas a todo cargo político al que se abra juicio oral por un delito de corrupción y ha abogado por avanzar hacia fórmulas legales que garanticen una mayor vinculación entre electores y representantes políticos.

El candidato del PP a volver a presidir la Junta de Castilla y León -será su quinto mandato, el primero sin mayoría absoluta— ha planteado nuevas normas para controlar mejor la actividad de los responsables públicos y favorecer una sociedad "cada vez más inclusiva y participativa" para lo que se ha comprometido a regular por Ley el ejercicio del Alto Cargo de la Administración autonómica, donde se incluirá a los altos directivos del sector público con la incorporación de un código de austeridad y buenas prácticas para todos ellos.

Del mismo modo, ha propuesto modificar la Ley de Gobierno para limitar a ocho el tiempo máximo de desempeño de la responsabilidad de un consejero en un mismo departamento y ha planteado que con carácter periódico los consejos de dirección de las consejerías se celebren fuera de su sede ordinaria para recorrer todo el territorio de la Comunidad y reservar un tiempo para recoger propuestas y sugerencias de los ciudadanos y de las organizaciones sociales.

Más controles para los entes

Someter a los entes públicos de derecho privado a los mismos controles previstos para la Administración General de la Comunidad, endurecer los requisitos para crear nuevos entes, reducir cargos directivos de las empresas públicas y continuar con la reestructuración del sector público autonómico son otras de las propuestas de Herrera para sus próximos cuatro años de gobierno en los que se ha comprometido a obligar a consultar, siempre que sea posible, un mínimo de tres ofertas para los contratos menores de la Administración que superen una determinada cuantía y a justificar mediante un informe técnico la opción elegida.

Por otro lado, Herrera ha llamado también a un amplio consenso para reformar el Reglamento de las Cortes para sustituir la actual mesa por otra "más equilibrada y ajustada" a la nueva realidad del Parlamento, donde han entrado con grupo propio Podemos y Ciudadanos, que se suman a los grupos popular, socialista y mixto.

Aquí, ha abogado en concreto por dar entrada en el órgano de gobierno de las Cortes a todos los grupos que cuenten con grupo propio (todos menos el mixto).

A esa "reforma inmediata" del Reglamento seguiría otra "más amplia y detenida" que, entre otras cosas, permita ampliar el calendario parlamentario a los meses de enero y julio, cree una Comisión de Peticiones y Participación Ciudadana y facilite que los promotores de Iniciativas Legislativas Populares puedan presentar y defender sus propuestas antes las Cortes para lo que será necesario reformar la Ley reguladora de la ILP.

Otra de las novedades sería la creación de la Oficina para el Ciudadano en cada uno de los grupos, regular el ejercicio del derecho de acceso a la información en las Cortes, favorecer la difusión de todas las sesiones de Pleno y Comisiones "salvo las declaradas secretas", aumentar la transparencia sobre la situación patrimonial de los procuradores tanto al inicio como al final de su mandato y simplificar y racionalizar los procedimientos para el ejercicio de las funciones de control.

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