El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que la reforma del Código Penal, que este miércoles ha entrado en vigor, "busca proteger mejor los derechos y las libertades de los ciudadanos".

En una entrevista en Los desayunos de TVE, Catalá ha destacado que se trata de una reforma "muy importante", fruto de un estudio durante más de dos años con catedráticos, jueces, fiscales y abogados, y que ha superado todos los trámites de informes de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de Estado.

Ha destacado que en el trámite parlamentario de la reforma se han presentado cerca de dos mil enmiendas, de las que se han aceptado 400 "intentado buscar el consenso con todas las fuerzas políticas" porque es un Código Penal que "busca proteger mejor los derechos y las libertades de los ciudadanos".

"Proteger mejor los colectivos de menores, mujeres víctimas de violencia de género, trata de seres humanos, propiedad intelectual, muchos temas", ha añadido.

Sobre la prisión permanente revisable, el ministro ha sostenido que se ha distorsionado el debate, ya que sólo representa 11 de los 250 artículos que se han modificado, y ha subrayado que se ha descalificado toda la reforma únicamente por ese elemento. Esta figura, además, existe en todos los países de la Unión Europea, está avalada por los informes de todos los órganos colegiados y, según Catalá, cuando el Tribunal Europeo de Derecho Humanos ha tenido que dictar sentencia sobre el caso inglés u otros "ha avalado perfectamente esta institución".

"Lo que significa no es una cuestión de alargamiento de las penas, -ha explicado- sino simplemente que cuando se cumpla la condena a la que alguien haya sido condenado por los delitos más graves (asesinatos múltiples, terrorismo, asesinato después de violación...), que el mero transcurso del tiempo no genere una vuelta a la sociedad si no ha habido una verdadera rehabilitación".

Según Catalá, el 75 % de los ciudadanos apoya la prisión permanante revisable, "en el sentido de que no salgan a la calle personas condenadas por delitos gravísimos si no se ha acreditado fehacientemente que se han rehabilitado".