Pobreza
Un grupo de personas rebusca en un contenedor de basura en Madrid. GTRES

Las duras condiciones de la crisis han disparado la concesión de rentas de inserción, la última ayuda pública a la que recurren las familias para dar cobertura a las necesidades básicas. Entre los años 2007 y 2013 (último dato oficial disponible en el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales) el número de perceptores de rentas mínimas escaló de 103.071 a 258.408 personas en el conjunto de España (un incremento del 151%).

Las rentas de inserción son ayudas públicas que dependen de las Comunidades Autónomas. Bajo nomenclaturas diversas, surgieron a finales de los años ochenta como el último recurso para la subsistencia de las personas sin ingresos. El aumento de las solicitudes ha obligado a ensanchar las partidas presupuestarias a partir de 2013 y después de dos años (2011 y 2012) de verse recortadas. El gasto nacional en salarios sociales es de 1.040 millones de euros al año. "Ha remontado el nivel total de prestaciones", confirma el analista de la ONG Cáritas Guillermo Fernández,  "pero dentro de la precariedad. Actualmente llega a 250.000 hogares y todavía hay medio millón de familias en España que no tienen ningún ingreso", puntualiza.

La cuantía media de la renta mínima, a nivel nacional, está este año en 425 euros al mes. Con complementos por cargas familiares, la ayuda subiría a una mensualidad máxima de 665 euros para hogares de seis miembros. La red española de ONG dedicada a la lucha contra la pobreza (EAPN) considera muy escasa la asignación y defiende que perpetúa a los más vulnerables debajo de la línea roja que marca la pobreza. La EAPN defiende que se necesitan mayores esfuerzos presupuestarios para acercar estas rentas de inserción, en su versión básica, hasta el salario mínimo interprofesional (645 euros). "Cualquier cantidad por debajo de los 600 euros es más bien baja y muy difícilmente va a cubrir las necesidades básicas", sostienen.

Desigualdad territorial

ONG como EAPN o Cáritas destacan además la desigualdad territorial del sistema de reparto de salarios sociales en España. En 2015, la diferencia entre la región que distribuye la renta mínima más alta y la que da la más baja es de 319 euros, siendo País Vasco la más generosa (619 euros) y Murcia la más austera (300 euros al mes). Desde las ONG se explica que tal desigualdad entre autonomías no se fundamenta en los costes de vida de las Comunidades. "En Canarias la cuota está en 472 euros, mientras en Madrid es de 375,55 euros, cuando cabría pensar que es más cara la vida en Madrid", explica Guillermo Fernández.

Para Miguel Laparra, director de la cátedra de investigación para la igualdad y la integración social de la Universidad Pública de Navarra, el principal problema es la desigual cobertura territorial de estas rentas. "Mientras la ayuda llega a 34 por cada mil habitantes en el País Vasco, solo alcanza a 0,6 por cada mil de Castilla La mancha, una diferencia muy notable entre territorios, de casi setenta veces. Y, además, no coincide con los lugares donde podría haber más necesidades", insiste Laparra.

La llegada de los nuevos gobiernos regionales, tras las elecciones autonómicas de mayo, ha aupado a las rentas mínimas a la agenda política. Precisamente, porque se abren ahora una legislatura más social. Es el caso de Castilla-La Mancha, donde el socialista Emiliano García Page ha pactado con su socio Podemos una reforma del ingreso mínimo de solidaridad cuya cuantía tenderá a alcanzar el importe del salario mínimo interprofesional. También Navarra se ha comprometido a crear un Observatorio del Bienestar Social, recuperando la renta básica en los primeros seis meses de la legislatura para garantizar unos ingresos mínimos y sin límite de concesión. En el primer semestre de 2016, Susana Díaz también instaurará la Ley de renta básica social en Andalucía. Lo mismo en Baleares, donde la socialista Francina Armengol ha hablado de la creación de una renta básica. En Madrid, la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, se comprometió a "reducir el tiempo de espera" aunque sin aclarar cuánto.

A pesar de que el esfuerzo presupuestario ha subido en el último año, los que siguen de cerca la evolución de estas rentas mínimas consideran que la avalancha de peticiones ha endurecido los criterios para optar a ellas y denuncian retrasos en los trámites de su formalización, que se prolongan demasiado en el tiempo dejando a las familias en una situación económica de máxima vulnerabilidad. "En Madrid en periodo electoral se redujo el tiempo que se tardaba en valorar para conceder la renta mínima, pero ahora que ya pasó se ha vuelto a esperas de entre 8 y 12 meses, muy alejadas de los tres meses legales. A la ayuda llegas con una situación de endeudamiento y vulnerabilidad más agravada", explica Jaime Pons, coordinador de EAPN Madrid, experto en asesorar a familias que tienen dificultades en obtener la renta mínima.

El perfil de los receptores

La prestación de manera general tiene una duración de seis meses a un año, según comunidades autónomas, pero prorrogables en la mayoría de los casos hasta un máximo de cinco años o, como es el caso de Madrid, mientras perdure la necesidad. El último informe oficial, del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, describe los perfiles de los beneficiarios de estas rentas, entre los que predominan las mujeres, la población inmigrante, los desempleados y las familias monoparentales. Casi siempre personas de 35 a 44 años y con un nivel de estudios primarios. Sin embargo, los trabajadores precarios también están solicitando la renta mínima cada vez en mayor número. "Vemos un ligero cambio en el perfil de la exclusión social hacia algo más extensivo", explica Pons, "por ejemplo vienen mujeres con menores a su cargo que tienen un trabajo en la limpieza, pero que les han reducido las horas y sus ingresos están muy por debajo de cualquier mínimo de subsistencia. Son mujeres que están pagando un alquiler y no les llega ni para eso, cuando menos para alimentación, vestidos, escolarización o medicamentos, que los costes asociados se han incrementado en la crisis".

Precisamente, a finales de junio una mujer extremeña de 37 años, Juana, se tiró por el puente romano de Mérida después de que la Junta de Extremadura le anunciara que todavía no había tomado una decisión sobre si se le concedía la renta mínima que había pedido en el mes de febrero. Juana vive con sus madre y su hermano y ninguno de los tres tiene ingresos. La mujer permaneció varios días con múltiples fracturas y lesiones en el hospital recuperándose de su intento de suicidio. En Extremadura las organizaciones sociales denuncian que está totalmente paralizada la admisión de nuevos solicitantes de la renta mínima y que las demoras en las solicitudes están "conduciendo a miles de extremeños a la miseria y a la desesperación".