PACMA denuncia la muerte por un disparo del toro 'Guapetón' en los Sanjuanes de Coria (Cáceres)

El partido animalista PACMA ha denunciado que 'Guapetón', el toro de los Sanjuanes de Coria que provocó la muerte de un hombre de 43 años el pasado martes, fue abatido por un disparo de escopeta, una ejecución prohibida por el Reglamento de Festejos Taurinos Populares de Extremadura.

El partido animalista PACMA ha denunciado que 'Guapetón', el toro de los Sanjuanes de Coria que provocó la muerte de un hombre de 43 años el pasado martes, fue abatido por un disparo de escopeta, una ejecución prohibida por el Reglamento de Festejos Taurinos Populares de Extremadura.

El momento ha sido grabado en video por activistas de la Asociación Vox Ánima. En las imágenes, según explica PACMA en una nota de prensa, se observa cómo tras caer desplomado el animal tras recibir el disparo, es "inmediatamente rodeado por los mozos y la Policía, que impiden que se continúe grabando".

Dicho reglamento indica que a los animales "se les dará muerte inmediatamente sin presencia de público en los establecimientos o instalaciones habilitadas para ello". Además, "el sacrificio de las reses se realizará bajo supervisión de los veterinarios de servicio, utilizándose cualquier método que evite a las mismas sufrimientos innecesarios, y con la necesaria presencia del Delegado Gubernativo".

Por último, "el personal veterinario responsable de dicha instalación deberá expedir la oportuna certificación en la que se haga constar la identificación completa de las reses sacrificadas y cualquier otra circunstancia que se estime conveniente reseñar".

Explica el partido animalista que hasta el pasado año 2009 era legal que los vecinos disparasen cerbatanas al toro que vagaba por las calles del pueblo. Cuando este era abatido, se le cortaban los testículos mientras agonizaba.

Hoy en día, añade PACMA, "se acaba con su vida de un disparo", al tiempo que recuerda que la fiesta está declarada de Interés Turístico Nacional.

El Partido Animalista ha denunciado al Delegado Gubernativo (Guardia Civil o Policía Local) por "permitir la muerte ilegal de este animal, abatido de un disparo en presencia de público, y al veterinario por levantar acta de la irregularidad en la muerte del animal".

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