El Pleno del Consorcio de la Zona Franca de Sevilla, que se ha celebrado este viernes, ha aprobado su propuesta de presupuesto, de unos cuatro millones de euros, que será elevada al Ministerio de Hacienda y Administración Pública, con vista a su incorporación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016.

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, se ha acordado solicitar al Ministerio de Hacienda que aporte 1,6 millones de euros para los gastos de funcionamiento de la zona franca, a la par que se ha instado a que autorice que una parte de la recaudación del impuesto de sociedades de las empresas allí instaladas sea para el propio consorcio, tal como ocurre en otras zonas francas.

En este sentido, las mismas fuentes señalan que estos acuerdos alcanzados este viernes son el resultado del trabajo realizado en estos últimos meses, sin cambios respecto a lo tratado con el anterior gobierno. Así, cabe recordar que el acuerdo pasaba por que el Ayuntamiento hispalense sufragara el coste del vallado de la zona franca, mientras que Hacienda habría de aportar los gastos de funcionamiento.

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y concejal de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño, manifestaba al respecto que este proyecto presupuestario se remitiría inmediatamente a Hacienda, tras lamentar que la zona franca haya estado "mucho tiempo parada". "El nuevo Gobierno municipal socialista ha ido justo de tiempo, porque lleva pocos días al frente del Ayuntamiento", señalaba.

Los plazos

En este marco, cabe recordar que el 20 de enero el entonces alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, firmaban la constitución del consorcio gestor de la zona franca de Sevilla, que nace sobre 719.876 metros cuadrados del área de Torrecuéllar pertenecientes a la Autoridad Portuaria, con el objetivo de lograr un tráfico de mercancías superior a los 1,7 millones de toneladas anuales y una facturación anual de más de mil millones de euros.

Pero la orden ministerial emitida inicialmente el 30 de agosto de 2013 autorizando la constitución de la zona franca de Sevilla condicionaba su entrada en funcionamiento a la aprobación de los estatutos del consorcio gestor, del reglamento de régimen interior y de la contabilidad de existencias, así como a la ejecución de las obras de cierre del recinto.

La citada orden estipulaba un plazo de dos años para el cumplimiento de dichos aspectos. Si bien el proyecto avanzaba en lo que se refiere a sus estatutos, el reglamento de régimen interior y la contabilidad, las obras del cerramiento perimetral constituían un inconveniente, dado que los plazos seguidos por el proyecto hacían imposible que su licitación, contratación e instalación estuviese lista antes del 30 de agosto de este año, cuando expira el plazo inicial fijado en la orden ministerial que autorizaba la constitución de la zona franca de Sevilla.

Dado el caso, y según una posterior orden ministerial recogida por Europa Press, Zoido solicitaba "la ampliación del plazo previsto, como consecuencia de la imposibilidad de finalizar las obras de cierre de la zona franca de Sevilla en dicho plazo". El ministerio, finalmente, accedía a esta petición, ampliando "un año adicional al previsto en el apartado citado, concluyendo el nuevo plazo concedido el 31 de agosto de 2016".