El Consello Galego da Competencia tiene abiertos cuatro expedientes por colusión —pactos ilícitos en daño de la administración— en la contratación pública, uno de ellos "incoado y muy avanzado", según ha revelado el presidente del organismo, Francisco Hernández, este jueves en la comisión de economía del Parlamento.

Lo ha hecho en una comparecencia a petición propia para dar cuenta de la memoria de este ente y adelantar su actividad futura, respecto a la cual ha apuntado al sector eléctrico como próximo blanco de uno de sus informes, que estudiará las quejas de los consumidores gallegos relativas a distribuidores y comercializadores en este ámbito.

Además, en el terreno agroalimentario, Hernández ha visto al consello en una "buena situación", por la experiencia recabada en los últimos años, para elaborar ahora un documento que plantee "soluciones concretas" para los productores, por su baja capacidad negociadora respecto al resto de eslabones de la cadena y en el actual escenario sin cuotas.

Al margen de esto, ha informado de la impugnación ante los tribunales de una decisión suya por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. "Normalmente se negocia y cedemos para evitar problemas, pero en este caso pensamos que no siempre se debe ceder, convencidos de que nuestro expediente es correcto", ha señalado.

También ha señalado que la comisión de Naciones Unidas sobre competencia ha invitado a la entidad gallega a participar en su asamblea anual por segundo año y con régimen de delegado, esto es, con derecho a palabra y no como mero observador.

COLUSIÓN

Con respecto a la lucha contra la colusión en la contratación pública, el presidente del Consello Galego da Competencia ha indicado este jueves que hasta el momento se estuvo ejerciendo "dando palos al aire", ya que resultaba "imposible identificar aleatoriamente aquellos contratos en que podía haber problemas".

Sin embargo, tras "años de intentos infructuosos", ha valorado que el pasado año se produjo un "avance importante" con la ley de racionalización del sector público, que establece la obligación de que el responsable de la contratación se comunique con la autoridad competente "siempre" que existan "sospechas" acerca de que un contrato "infringe" las normas relativas a la competencia.

Desde la entrada en vigor de la norma, ha dicho, el organismo ha recibido "muchas llamadas" y "muchos pliegos", aunque en "la mayor parte" de los casos o no existe colusión "o no se puede probar". De ahí que haya identificado la necesidad de "avanzar" en la formación de los funcionarios responsables en estos asuntos.

Sector eléctrico

En cuanto al nuevo informe que realizará el ente sobre el sector eléctrico, ha apostado por ser "realistas y posibilistas", por lo que se centrará en los sectores de la distribución y la comercialización, que entiende que tienen "una dimensión autonómica o aún menor, local".

La mecánica para elaborarlo va a cambiar con respecto a otros trabajos previos, y así lo que está "haciendo ahora" el consello es "un listado de cuáles son las prácticas" de estas empresas "que provocan más quejas" entre los consumidores de la comunidad.

A partir de esas prácticas, ha explicado, se tratará de ver "cuáles se deben a limitaciones" de la libre competencia y se actuará "en consecuencia".

LÁCTEO

En relación al lácteo, Hernández ha descrito cómo se dan en este terreno las condiciones para que se produzcan "tormentas perfectas" en lo que concierne al precio de venta en origen de la leche, por la atomización del sector y el hecho de que sea un producto "tremendamente homogéneo y perecedero".

Así, ha dicho que los "problemas" en este apartado constituyen la "pesadilla" del ente que preside, pero que, por los años de "experiencia" en el tema, se ve en una "buena situación" para iniciar un nuevo informe que intente "proponer soluciones concretas", y que estas no planteen conflictos desde un punto de vista de la competencia.

Carburantes y uniformes

Por último, en su intervención, ha hecho referencia a los dos documentos elaborados en 2014, uno sobre el precio de los carburantes y el otro acerca de los uniformes escolares.

Al respecto del primero, se ha mostrado confiado sobre que las medidas adoptadas por el Gobierno gallego para favorecer la apertura de más gasolineras "tenderán a tirar hacia bajo los precios", algo que ha ejemplificado con datos concretos de la ciudad de Lugo, donde la presencia de estaciones en hipermercados y "varias independientes" genera en ciertos días "guerra de precios", a diferencia de lo que ocurre, en otro caso específico, en Santiago.

Por su parte, sobre los uniformes escolares, ha asegurado que "hay días en que el teléfono echa humo" por llamadas de padres, por lo que ha valorado que "se removieron un poco las conciencias" sobre este asunto, en el que Competencia "hará un seguimiento" y estudia si "ciertas denuncias se pueden llevar por la vía sancionadora o no".

Intervenciones de los grupos

Mientras, los grupos parlamentarios han aprovechado su única intervención en esta comparecencia para apuntar reflexiones y recomendaciones, como la de examinar la situación en el ámbito de la conserva de mejillón y en el transporte público de viajeros, trasladada por el socialista José Luis Méndez Romeu.

El portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, ha pedido investigar las prácticas de empresas madereras, por "indicios" de "reparto" en el mercado gallego y el portugués.

La viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, si bien ha valorado los diagnósticos del Consello Galego da Competencia, ha preguntado "qué hizo el Gobierno durante este tiempo", ante un panorama, en su opinión, "aberrante", en el que "la libertad teórica de mercado no existe" y se da un combate de "David contra Goliat".

Por último, la popular Carmen Pardo ha reconocido al presidente del consello "el crecimiento casi exponencial de la productividad" del organismo durante los últimos tiempos y ha reivindicado la actuación de la Xunta en lo que a los precios de los carburantes se refiere.