Satse lleva a la Fiscalía y otras instituciones la aplicación "ilegal" de las 37,5 horas semanales

El Sindicato Profesional de la Enfermería (Satse) en Córdoba ha presentado escritos ante diversas instituciones y organismos, entre ellos la Fiscalía de la Audiencia Provincial y el Defensor del Pueblo Andaluz, la Asociación para la Defensa del Paciente, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, con motivo de la aplicación "ilegal" de las 37,5 horas semanales.

El Sindicato Profesional de la Enfermería (Satse) en Córdoba ha presentado escritos ante diversas instituciones y organismos, entre ellos la Fiscalía de la Audiencia Provincial y el Defensor del Pueblo Andaluz, la Asociación para la Defensa del Paciente, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, con motivo de la aplicación "ilegal" de las 37,5 horas semanales.

En los escritos, Satse traslada a los máximos responsables de los organismos referidos y otros "la situación de ilegalidad en la que se encuentra la aplicación de las 37,5 horas en los centros sanitarios de la provincia de Córdoba y que afecta a más de 9.000 profesionales".

Todo ello, después de que "el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declarase nula la aplicación de las 37,5 horas que a pesar de ello, los directores gerentes de los hospitales y centros de salud continúan aplicando ilegalmente, en un claro acto de rebeldía y desprecio hacía las sentencias y también hacía quienes las dictan", advierte el sindicato en una nota.

Asimismo, Satse muestra ante los distintos organismos a los que ha acudido su "preocupación por el riesgo añadido que conlleva para la seguridad del paciente y la atención sanitaria, el obligar a los profesionales a trabajo ininterrumpido de 12 horas, en unidades como por ejemplo los quirófanos".

De este modo, el sindicato asegura que ha pedido "la mediación y participación activa" de los diversos organismos e instituciones a los que se ha dirigido, "confiando en acabar con esta situación de ilegalidad laboral y de riesgo para el paciente y los profesionales", indica.

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