Ante esta circunstancia, los dueños de pisos protegidos que quieran cambiar de vivienda tienen que pedir su descalificación, un proceso largo y caro, pero legal. La otra opción que utilizan algunos es pedir la diferencia en dinero negro, ilegal.

Largo papeleo

Cada año, 250 vallisoletanos piden a la Junta que les quite la calificación de su casa para venderla sin problemas, según datos facilitados por la Consejería de Fomento. Este proceso lleva unos seis meses de papeleo y requiere devolver todas las ayudas que recibió a la hora de comprarla.

Los casos son individuales y las devoluciones pueden oscilar entre los 600 y los 30.000 euros. Sin embargo, los beneficios son sensiblemente mayores, ya que ahora un piso protegido, por ejemplo en Parque Alameda,  comprado hace diez años se puede vender entre 210.000 y 240.000 euros, según distintas inmobiliarias, lo que implica unos beneficios de unos 90.000 euros.

La Junta concede la descalificación de forma discrecional, es decir, que no sólo por presentar la solicitud tiene garantías de que se lo concedan.

En las últimas no se puede hacer

Las viviendas que hayan conseguido la calificación definitiva a partir de 2005 no podrán librarse de ella en los 30 años que dura la protección. Esto afecta, por ejemplo, a todas las VPO de Villa de Prado y las promovidas posteriormente, porque la fecha en la que empieza a contar no es cuando comienza la construcción, sino cuando se da la licencia de primera ocupación. Se tendrán que vender a precio tasado.