El Juzgado Penal numero 3 de Santander ha condenado a un ganadero a dos años de prisión, dos años de inhabilitación para el ejercicio de la ganadería y cuatro para el ejercicio de la caza, como autor de un delito continuado contra la fauna por uso de cebos envenenados, sumado a otro delito continuado por la muerte de especies amenazadas. Además, el condenado tendrá que indemnizar al Gobierno de Cantabria con la cantidad de 90.270 euros por el valor de las especies de fauna silvestre afectadas.

Los hechos se produjeron en diciembre de 2011, cuando Técnicos Auxiliares de Medio Ambiente, con la colaboración de la patrulla canina de la Guardia Civil,  hallaron varios ejemplares de distintas especies en varios pastos del pueblo de Las Quintanillas, situado en el municipio de Valdeolea. Entre ellos se encontraron 11 milanos reales (Milvus milvus), especie en peligro de extinción, cinco perros, seis zorros, un gato, un cuervo, un busardo ratonero y cuatro buitres leonados. Los análisis toxicológicos constataron que los cadáveres que fueron levantados por los agentes contenían un insecticida altamente tóxico.

Como compensación del desequilibrio causado en la población de milano real deberá sufragar el seguimiento de las poblaciones invernantes y en época de reproducción en Cantabria en los próximos tres años. El coste de este seguimiento es de 9.500 euros anuales, esto es, un total de 28.500 euros.

Las investigaciones posteriores determinaron que el ganadero habría utilizado el veneno para proteger a sus potros y terneros de los eventuales ataques que pudieran sufrir.

A pesar de ser ilegal y no efectivo, el veneno se sigue utilizando para eliminar depredadores, así como para el control de plagas agrícolas. La colocación de cebos envenenados es una práctica arraigada en nuestros campos, completamente ineficaz para los objetivos que persigue, además de un método masivo, no selectivo y cruento para la fauna.

Por ello, está prohibido por la legislación nacional y autonómica y aparece tipificado como delito en el Código Penal. El veneno en el campo supone un riesgo para la salud pública, para el medio ambiente y para las mascotas.

El proyecto Life+ VENENO, financiado por la Comisión Europea y la Fundación Biodiversidad (26%), vinculada al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha tenido como objetivo lograr una disminución significativa del uso de veneno en España.

El Fondo para la Conservación del Buitre Negro, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y SEO/BirdLife han sido los beneficiarios del proyecto, siendo esta última organización quien ha ejercido en este caso la acusación particular que ha permitido esclarecer los hechos con una sentencia que ha permitido reflejar las consecuencias legales de la utilización de estos métodos de  control de predadores.