La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha iniciado este lunes una nueva fase de la denominada operación Edu, la tercera concretamente, que investiga el fraude en la concesión de subvenciones para cursos de formación en Andalucía.

Fuentes policiales han confirmado a 20minutos.es que se ha detenido a 35 personas e imputado a otras tres en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

Fuentes de la investigación han informado de que se prevén llevar a cabo en torno a 140 arrestos (entre 45 y 50 en las próximas dos semanas en Sevilla según la Policía) en todas las provincias andaluzas en el marco de esta nueva fase, denominada operación EDUende. El delegado del Gobierno central en la comunidad, Antonio Sanz, ha señalado que esta nueva fase de detenciones se prolongará durante varios días.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía en funciones, Manuel Jiménez Barrios, ha expresado el respeto del Ejecutivo andaluz a la nueva operación y la máxima colaboración con la Justicia, además de recordar que no hay ningún miembro del actual Gobierno imputado. "Si la hubiera, que no lo hay, actuaríamos con diligencia, como siempre", ha apuntado. Mientras, IULV-CA ha pedido a la Junta que aparte "de modo preventivo" a todos los detenidos; y PP-A pide la comparecencia urgente de la presidenta en funciones, Susana Díaz, en la Cámara andaluza.

Además de empresarios, en esta ocasión las detenciones van a afectar de lleno a cargos de la Administración acusados directamente de ser responsables de la concesión de las subvenciones. El operativo se ha iniciado este lunes, pero se extenderá a lo largo de casi todo lo que resta de mes de junio.

También van a ser detenidos numerosos funcionarios. En esta rama del operativo se esperan en torno a 40 detenciones que tendrán lugar entre hoy, mañana y pasado, indican las mismas fuentes consultadas. Por su parte, en Sevilla y en Huelva también se van a practicar en torno a un centenar de arrestos durante las próximas dos semanas. En este caso se trata sobre todo de empresarios que se beneficiaron de la concesión de esas subvenciones públicas de manera fraudulenta.

La mayoría de estas empresas recibía concesiones entre 60.000 y 200.000 euros y la UDEF estima que el dinero total defraudado podría ascender hasta los 3.000 millones de euros.

Entre los arrestados en Málaga está el exdelegado de Empleo de la Junta Juan Carlos Lomeña, que ya fue detenido por la Guardia Civil junto a otros exdirectivos políticos en otra operación policial (operación Barrado, en la que también se investigan los cursos de formación y que fue ordenada por la jueza sevillana Mercedes Alaya). Al parecer, Lomeña fue citado a comparecer este lunes y cuando se ha presentado voluntariamente, se le ha comunicado que estaba detenido y se le ha abierto la correspondiente ficha. Tras eso, ha prestado declaración y ha quedado en libertad.

Mientras, en Cádiz han quedado en libertad tras declarar ante la Policía en calidad de imputados por presuntos delitos de prevaricación y malversación el exdelegado de Empleo de la Junta Juan Bouza y el exjefe de servicio de Formación Juan Vidal, así como otras dos personas.

También ha quedado en libertad con cargos tras ser citada a declarar en calidad de imputada la exdelegada de Empleo de la Junta en Jaén Irene Sabalate, que al igual que Lomeña ya fue arrestada en la operación Barrado. En Sevilla son cinco los detenidos, según han confirmado fuetes policiales a 20minutos.es.

Entre los implicados en la rama de la operación que afecta a Huelva y Sevilla, se encuentra de nuevo implicado el empresario y ex consejero de Hacienda, Ángel Ojeda, quien ya fue detenido en agosto del año pasado en Cádiz.

Por el momento, Ojeda no ha sido arrestado otra vez, pero las fuentes consultadas no descartan que su detención se produzca en los próximos días, ya que las razones por las que se le investiga afectan a otras actividades presuntamente ilícitas que hasta ahora se desconocían y que se extienden por varias provincias andaluzas.

Pese a ser detenido en Cádiz, el juzgado de esa provincia se inhibió en favor de la investigación que lleva la jueza Mercedes Alaya en Sevilla, que en septiembre le imputó por dos presuntos delitos, uno continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. En su auto la jueza recogía que "en poco más de año y medio las entidades pertenecientes a Ojeda, integradas todas ellas en el Grupo Prescal, habría recibido, con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo, la suma de 33.309.789,16 euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación", todo "a través de asociaciones controladas por él".

Entendía la juez que esas subvenciones, otorgadas entre el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre de 2013, las habría obtenido "gracias a sus influencias en la Junta en virtud de sus antiguos cargos y contactos". Desde que la UDEF comenzó esta investigación, la estrategia de los investigadores ha sido la de avanzar de abajo a arriba en la pirámide de responsabilidades. En ese sentido, los agentes especializados en delincuencia económica pasaron meses entrevistando personalmente a multitud de personas implicadas en esta trama masiva.

Las entrevistas (en torno a 3.500) tuvieron lugar con profesores contratados para impartir los cursos, también a personas a las que inscribían como alumnos o responsables de empresas. Todos ellos han ido ofreciendo detalles sobre las irregularidades cometidas.

En ocasiones había empresas que llegaban a acuerdos con personas para contratarlas como profesores a cambio de que estos luego les devolviesen la mitad del sueldo acordado. En otras ocasiones les obligaban a declararse autónomos para después facturarles. Los investigadores advierten de que esta práctica era la que supuestamente empleaba entre otros el propio Ojeda. En muchos otros casos los cursos ni siquiera se llegaban a celebrar.

"Para decir que el dinero se defraudó hay que poder demostrarlo primero", afirma uno de los investigadores. En el marco de ese proceder los expertos en delincuencia económica han ido ascendiendo en la pirámide hasta afectar de directamente a la parte política de la trama con esta operación Eduende.