El Gobierno valenciano interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Andalucía al entender que vulnera distintos preceptos de la Constitución, especialmente la regulación del sistema de financiación autonómica que prevé en su disposición adicional tercera.

La interposición de este recurso, que deberá realizarse previo dictamen del Consell Jurídic Consultiu, se justifica en que corresponde al Gobierno valenciano "defender la gestión de sus propios intereses, en lo relativo a la autonomía financiera de la Comunitat Valenciana, para el ejercicio y financiación de las competencias asumidas por el Estatuto de Autonomía".

"Incide en los intereses de la Comunitat"

La Ley Orgánica que reforma el Estatuto andaluz "incide directamente en la esfera de intereses de la Comunitat, afectando a su propio ámbito de autonomía en cuanto que puede suponer una reforma del régimen de financiación autonómica que lleva aparejada unos efectos contraproducentes respecto al sistema de financiación de nuestra Comunitat", señala el texto del Consell.

El Ejecutivo autonómico entiende que la disposición adicional tercera de la citada reforma estatutaria "puede afectar a los recursos económicos incluidos en el Fondo de Compensación Interterritorial, que es también potencial destinataria de estos recursos públicos". Concretamente, en su apartado segundo se señala que "la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años", lo cual "contradice abiertamente -según la Generalitat- el sistema de financiación autonómica" y se impone "unilateralmente".

La aprobación "sin coordinación alguna con el resto de comunidades" de un nuevo Estatuto para Andalucía que introduce previsiones normativas de influencia directa en la Hacienda estatal, exclusivas para esta Comunidad y por un prolongado periodo de tiempo de siete años, "afecta a la Hacienda de cada autonomía y es discriminatoria hacia los intereses valencianos en particular".

Por esta razón, el Consell concluye que su aprobación, "tergiversa el régimen de distribución competencial entre el Estado y el conjunto de autonomías de régimen común, previsto en la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)".

Rambla enmarcó esta decisión en la tomada con otros estatutos, como el catalán y otros que "se están estudiando", con lo que se persigue que ninguna Comunidad pueda fijar unilateralmente sus criterios de financiación.