Varios juicios señalados en juzgados de Sevilla por demandas individuales de personas pertenecientes al colectivo de monitores escolares contratados a raíz del Plan de Choque puesto en marcha por la Junta de Andalucía al finalizar contrato con la empresa que había subcontratado en condiciones de precariedad a auxiliares administrativos —cuyo cese laboral ha sido ya en muchos casos, asimismo, considerado como improcedente, lo que ha supuesto la readmisión por parte de la administración autonómica— han sido suspendidos.

El motivo de dicha suspensión, según ha explicado a Europa Press la portavoz de este sector, Eva Muñoz, es la interposición de un procedimiento de demanda colectiva por parte del sindicato Ustea, cuya admisión a trámite está siendo estudiada, mientras que en otras provincias este paso no se ha dado y, por tanto, se han celebrado las vistas.

Los monitores, por otro lado, aseguran que seguirán su batería de movilizaciones para continuar con sus reivindicaciones y denunciar con ellas públicamente "la utilización que hemos sufrido por parte de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la hora de llevar a cabo su compromiso político sin tener en cuenta que nosotros también éramos andaluces, la mayoría mujeres y desempleadas de larga duración".

El motivo de las denuncias obedece a lo que consideran un despido "ilegal" por su disconformidad con la firma de una prórroga que la Junta otorgaba a estos trabajadores —que piden "igualdad de trato" con el colectivo de monitores administrativos— hasta el pasado 14 de noviembre, fecha inicialmente marcada para la culminación del procedimiento que permitía la entrada de los anteriores auxiliares.

Y es que estos monitores, una parte de los cuales ha presentado queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, entienden que se incurre en una modificación "sustancial" de su contrato de trabajo, que por otro lado ya fue denunciado judicialmente por fraude de ley —con pronunciamiento de la Inspección de Trabajo favorable a los intereses del colectivo—, siendo así que "cualquier modificación de nuestro contrato podría tener consecuencias en nuestra demanda".

Además, subrayan que en los contratos de obras y servicios la fecha de finalización es de carácter orientativo, siendo la causa que pone fin el término de las tareas por las que estaban contratados. En este caso, "queda demostrada la continuidad del Plan de Choque, ya que los que aceptaron su firma continuaron trabajando, siendo despedidos tan solo los que no firmamos la prórroga legalmente innecesaria, dejando tareas inacabadas".

"Solicitamos que se nos trate bajo los principios de igualdad y sin discriminación y, en caso de demostrarse la irregularidad en nuestro despido, seamos readmitidos sin recurso alguno, igual que se ha hecho con los monitores de apoyo administrativo", finaliza Muñoz.