Por este motivo, el IGC anunció ayer la apertura de una investigación a nivel autonómico para comprobar quién está actuando de manera fraudulenta diez días después. La Consellería de Innovación hará un control «exhaustivo» tanto de la forma de tarificación como de la información que se les da a los usuarios antes de sacar su tique del parking.

A aquellos aparcamientos que se salten las normas, les esperan multas que oscilan «entre los 15.000 y los 60.000 euros», según explicó ayer la gerente del IGC, María José Teijeiro, quien dejó claro que «aunque cobren por fracciones de 60 segundos», si no lo hacen de manera clara, también se expondrán a las sanciones.

Teijeiro se refería con esto a los parkings que jueguen con el redondeo, ya que según el estudio previo de Consumo, el 17% de los que se incluyen en el estudio tenían una tarificación confusa.

Lo que sí que no puede controlar el Instituto Galego de Consumo, es que los propietarios de los aparcamientos empiecen a subir sus tarifas con el cobro por minuto. Así lo confirmaba ayer el conselleiro de Innovación, Fernando Blanco: «Son libres de subir sus tarifas».

La medida, pues, no afecta por el momento a los parkings de concesión pública, que hasta el próximo 1 de septiembre no tendrán que cumplir a rajatabla el cobro por minuto.

En Vigo aún no hay acuerdo

Uno de los temas que quedaron pendientes en la anterior legislatura y que tendrá que retomar el próximo gobierno es llegar a un acuerdo con los titulares de las concesionarias de los aparcamientos públicos de Vigo.

A principios de año, el Concello les hizo una propuesta de tarifas que tendrían que aplicar a partir del mes de septiembre. Los aparcamientos las consideraron abusivas y alertaron del «peligro de quiebra» de alguno de los parkings. El equipo de Corina Porro pretendía que se dividiera la actual tarifa por hora entre 60, para sacar el precio por minuto y favorecer al máximo a los usuarios.