El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha tomado declaración este martes a cinco personas como imputadas en el caso del presunto fraude en las subvenciones de cursos de formación a desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado 'Caso Edu', las cuales han defendido la legalidad de su actuación y han negado irregularidades.

Estas cinco personas, pertenecientes a una misma familia, están relacionadas con una empresa a la que se le concedió una subvención de más de 100.000 euros para un curso de peluquería para 15 alumnos, con un compromiso de contratación de nueve; formación impartida por los hijos del que consta como administrador y de la directora del centro.

Según han informado fuentes judiciales, los investigados han defendido que cumplieron con el curso y también con la contratación, y han señalado que solicitaron la liquidación del 25 por ciento que les faltaba de la subvención, pero que la Junta no se lo ha pagado. Respecto al control por parte de la administración durante el curso, han dado versiones distintas, según las fuentes.

Ésta es una de las 17 empresas que obtuvieron subvenciones —por algo menos de dos millones de euros en global— en la convocatoria de ayudas del 15 de diciembre de 2010. Posteriormente, las investigaciones se ampliaron a una segunda convocatoria, la del 4 de noviembre del mismo año, en la que se detectaron irregularidades en otras 10 subvenciones concedidas a otras tantas sociedades.

En general, se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apunta en sus informes a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior, en relación con varias empresas.

Los investigadores relataban que las supuestas irregularidades se habrían producido tanto previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores; y también posteriores, al incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o por la falta de control o falsedades en los partes de asistencia.

Al margen de estas cinco personas, ya han comparecido ante el instructor ocho imputados relacionados con dos empresas, una que impartió un curso de soldadura de estructuras metálicas y otro de auxiliar de protésico dental. En estos dos casos, han coincidido en que no hubo inspección por parte del SAE durante el desarrollo del curso, tan sólo un control interno de los propios centros.