El sindicato CCOO ha asegurado que ha hecho "un buen trabajo afrontando el mayor retroceso de derechos de la historia de la democracia en Castilla-La Mancha" en la Administración regional y por ello ha pedido el voto para las elecciones sindicales del personal funcionario de la Junta, que serán este miércoles, argumentando que trabajarán "por recuperar los derechos que este Gobierno ha quitado".

El coordinador del Sector Autonómico de la

Fsc ccoo, Ramón González, ha mantenido, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la secretaria general de la

Fsc ccoo, Carmen López, que el sindicato "ha hecho una ofensiva a tres bandas: institucional, judicial y en la calle".

A este respecto, González ha recordado que CCOO "se ha puesto enfrente de una Administración que tenía unos objetivos diametralmente opuestos", señalando que se han dirigido "de forma honesta y respetuosa pero contundente tanto al Gobierno como al grupo socialista y a las Cortes para trasladar en cada momento las reivindicaciones del sindicato".

Además, ha señalado que "ha habido que judicializar todo y la legislatura se termina en los tribunales luchando contra los desmanes del Gobierno". Asimismo ha reiterado que los juzgados "han dado la razón a CCOO por actuaciones injustas y no ajustadas a norma de la Junta".

También ha repetido que al sindicato "no le gusta estar en la calle, sino tener una negociación que permitiera normalizar las relaciones de trabajo", pero ha afirmado que están "dispuestos a estar en la calle aunque las consecuencias hayan sido muy duras".

Respecto a las elecciones sindicales, el coordinador ha apuntado que se elegirán 119 delegados de la Junta de Personal, 27 en la provincia de Toledo y 23 delegados en cada una del resto de provincias de la región. En este sentido, González ha comentado que "hace cuatro años se eligieron 140", un cambio que, ha considerado, "baja considerablemente el nivel de representatividad".

Por su parte, Carmen López ha considerado que "es lamentable lo que el Gobierno regional ha hecho durante estos cuatro años con los empleados públicos", haciendo hincapié en "la pérdida de retribuciones y de condiciones de trabajo".