Desde que el exministro Alberto Ruiz Gallardón impuso el pago de tasas judiciales a personas físicas y jurídicas, en diciembre de 2012, hasta el mes de febrero pasado, cuando el actual ministro de Justicia Rafael Catalá echó para atrás la norma impuesta por su predecesor, el Estado ha acumulado por dichas tasas más de 639 millones de euros.

Esta cantidad, 639 millones de euros, corresponde a la suma de todo lo recaudado en diciembre de 2012 (8.775.000), durante el año 2013 (316.530.000), a lo largo de 2014 (297.415 millones) y en enero de 2015 (16.411.000), según la respuesta del Gobierno a la pregunta parlamentaria del Grupo Socialista en el Congreso.

Unos días después de ser nombrado ministro, Rafael Catalá anunciaba en octubre de 2014 su compromiso de "evaluar el impacto" de la Ley de Tasas Judiciales para determinar a la vista de los resultados si es necesario "ajustar, corregir o modificar" las tasas. A finales de febrero de 2015, el Gobierno aprobó finalmente  la suspensión de las tasas judiciales para las personas físicas en todos los órdenes e instancias, siendo efectivo desde el  mes de marzo.

La Ley de Tasas Judiciales fue aprobada solamente con los votos del PP en 2012. La eliminación de las tasas judiciales era un clamor en la oposición parlamentaria, que había pedido en varias ocasiones su derogación. Incluso se crearon movimientos sociales exclusivamente destinados a pedir su derogación, con la Brigada de la T mayúscula como máximo exponente de la denuncia en redes sociales. Una de sus portavoces, la abogada y profesora de Derecho Civil Verónica del Carpio, recuerda que pese a que las tasas se han eliminado para las personas físicas, "todavía siguen vigentes para las personas jurídicas, a a las pymes y las ONG, lo que puede vulnerar la tutela judicial efectiva" denuncia. "Hasta la Defensora del Pueblo ha pedido su eliminación para las Pymes, pero de esto ya ni se habla".

En el mes de febrero, el Ministerio de Justicia reconocía que, en contra de lo previsto por la norma de Gallardón, la recaudación de tasas no se había destinado finalmente a favorecer la justicia gratuita de las personas con necesidades económicas. El Gobierno dijo en respuesta parlamentaria desconocer el destino del dinero recaudado por las tasas judiciales.

Este lunes, a preguntas de 20minutos sobre el destino de los 639 millones de euros, el Ministerio de Justicia contestó que "como todos los impuestos recaudados por el Gobierno, el desglose de los gastos corresponde al Ministerio de Hacienda, si bien no existe una correspondencia entre impuestos y las partidas concretas a las que se destinan ya que lo ingresado por tasas judiciales va a parar al conjunto general de los impuestos recaudados por el Ejecutivo que se destinan a sanidad,  educación, etc".

La Brigada contra las Tasas Judiciales augura que el fin de la imposición de este gravamen a las personas físicas va a suponer de inmediato un incremento de los litigios. "No tenemos estadísticas, todavía, pero se va a notar y mucho. Por ejemplo aumentan los recursos de los afectados por las preferentes de Bankia, que no podían reclamar su dinero por no poder hacer frente a las tasas judiciales", explica la abogada Verónica del Carpio.

Por otra parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció el viernes pasado que el Gobierno va a paralizar la transferencia de las funciones del Registro Civil al cuerpo de registradores y que va a abrir al diálogo con las partes implicadas sobre el modelo de reforma de este servicio y también sobre los tiempos de aplicación. El Gobierno "no va a proponer un modelo de reforma del registro civil que no sea compartido por el conjunto de los agentes" y por lo tanto abandona la propuesta que hasta ahora había promovido y también la fecha que tenía prevista para ponerlo en marcha (15 de julio)".