La consejera de Bienestar Social, Graciela Blanco, ha asegurado este jueves que la convocatoria para concertar 140 plazas en residencias de mayores privadas no pretende favorecer a ninguna entidad concreta, y no es distinta a la última, realizada en 2013, salvando la novedad de exigencia de un máximo de 75% de plazas concertadas en el centro interesado.

En rueda de prensa sobre el nuevo borrador de la ley que regulará los contratos públicos, Blanco ha sido preguntada por las críticas sobre esta convocatoria, que apuntan a que se estaría intentado preparar una adjudicación a medida del Montepío de la Minería Asturiana, en Felechosa.

Blanco ha matizado que ha negado este extremo y ha afirmado que los criterios establecidos son, en primer lugar la demanda de cada zona (dando prioridad a aquellas áreas en las que existe una mayor lilsta de espera) y en segundo lugar la previsión de plazas públicas.

Así pues ha explicado, como ejemplo, la comparación entre las áreas del Caudal y del Nalón, en las que existe una lista de espera similar, pero mientras que en el "Nalón acabamos de construir un CPR con 118 plazas públicas, en el Caudal queda por abrir un centro en la zona de Soiello-Moreda, con 30". Por este motivo, ha explicado que en el Caudal se conciertan 30 plazas y en el Nalón ninguna.

Con respecto al precio fijado ha recordado que "en 2013 fue de 1217 y en 2015 de 1223", por lo que "no hay ninguna modificación" significativa.

Por último, ha recordado que la cláusula que exige que solo puedan concurrir residencias con un máximo de 75% de plazas concertadas es la única novedad. La ha justificado: "si se concierta el 100% de las plazas es como si fuera una residencia pública", ha señalado la consejera, que ha explicado que se trata de empresas privadas que ponen en marcha un negocio y deben "asumir un riesgo". Así, el Gobierno autonómico ha estimado que un 75% de plazas concertadas es el nivel exigido apropiado para que la empresa cubra costes.

Con respecto a la cláusula que exige que cada residencia oferte un mínimo de 10 plazas para concursar, ha recordado que ya estaba en la convocatoria de 2013, y también la ha justificado: los servicios sociales de la Administración autonómica deben supervisar la prestación de cada plaza y se pretende evitar con esta medida que tengan que desplazarse a residencias en las que solo hay una o dos plazas concertadas, para así facilitar su trabajo.