El secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Xunta de Galicia, Justo de Benito, ha negado que el PPdeG diseñase "una estrategia maquiavélica" con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la planta de Ence en la ría de Pontevedra, ante las acusaciones vertidas por el diputado de AGE Antón Sánchez.

En la comisión de medio ambiente del Parlamento, el alto cargo de la Consellería de Medio Ambiente ha remitido este jueves a las palabras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el último pleno de la Cámara, para apelar a la "reflexión" y a un "diálogo abierto y riguroso" acerca de si la fábrica debe seguir o no en Lourizán.

Por su parte, el parlamentario de Alternativa ha considerado "muy grave" que "de un día para otro" un Gobierno "que decía que apostaba por la reubicación" venga "a confirmar las sospechas que muchos" tenían.

Pero De Benito ha señalado que "esa supuesta intención oculta viene negada" por el plan de ordenación del litoral (POL) y las directrices de ordenación del territorio (DOT) aprobados por el Ejecutivo autonómico, que tenían "una previsión específica" para ese espacio y "demuestra cuál era la real intención del Gobierno" en relación con el mismo.

Sin embargo, el secretario xeral ha subrayado que el contexto cambió "de manera radical", debido al cambio legal que permite al Estado —a partir de la ley de costas— prorrogar las concesiones en todo el litoral, para reiterar que "habrá que analizar" una decisión que, según ha constatado, "no es fácil".

En este sentido, al censurar Sánchez que se utilice la situación del paro en Pontevedra para apostar por la continuidad de Ence en la ría, el responsable de Calidade Ambiental también ha hecho referencia a la evolución de la economía gallega —en concreto la del sector industrial— para preguntarse si "justifica" eso "la toma de decisiones". "Puede que sí y puede que no, pero habrá que analizarlo en el contexto actual", ha aseverado.

Informe "determinante"

Por último, ha comprometido que la Xunta "garantiza y garantizará el cumplimiento estricto de los requerimientos ambientales" y ha aludido al informe que la nueva normativa exige que emita la Xunta antes de que la administración general del estado haga uso de su "competencia plena exclusiva" y determine si prorroga o no la concesión.

"Si bien no es vinculante, sí es determinante", ha resaltado, para indicar que la decisión del Gobierno gallego en este ámbito "tiene que condicionar desde el punto de vista ambiental" la de la administración general del estado.