El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha presentado este jueves en el registro de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, un conjunto de reclamaciones administrativas, firmadas por las empresas responsables de los contratos de conservación de la red viaria andaluza, con las que la Administración andaluza "mantiene una deuda de la que no concreta un horizonte de pago".

En una nota, Ceacop ha explicado que la presentación de la reclamación administrativa constituye el paso previo para que las empresas puedan iniciar el procedimiento judicial por la vía correspondiente.

Los empresarios aseguran que "desde el mes de agosto de 2014, la Junta de Andalucía no está abonando a las constructoras las certificaciones correspondientes a la conservación de carreteras". Han precisado que estos impagos "suponen una deuda de 25 millones de euros, que está causando un gran perjuicio para la supervivencia de las 45 empresas afectadas, así como para los 600 trabajadores directos que dependen de estos contratos, y que, en algunos casos, han visto congeladas sus nóminas".

Ceacop ha explicado que "a estas alturas del año las empresas se pueden encontrar con que si la Junta no abonara las certificaciones de abril, ya serían nueve los meses que se acumularían a la deuda que vienen soportando".

La patronal andaluza ya denunció esta situación en diciembre del año pasado. Entonces, se encontraban impagadas las certificaciones de los meses de junio a noviembre. Después de la denuncia pública de Ceacop, la Consejería de Fomento abonó los meses de junio y julio, dejando pendiente de abono el resto.

Han explicado que "desde entonces la situación se ha enquistado por parte de la Junta y no se ha producido ningún avance en los calendarios de pago, por lo que se han acumulado ocho meses de deuda".

Ceacop ha remarcado que "la seguridad vial está garantizada, ya que son las empresas las que están aportando los medios y asumiendo el coste de estos servicios, aunque algunas de ellas están al borde de la quiebra".

Las empresas han puesto en marcha diferentes acciones para alcanzar una solución a esta problemática. Así, han explicado que con la Administración "se han mantenido varias reuniones, una de ellas con la anterior consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, junto con su viceconsejero y la directora general de Infraestructuras, pero en ninguna de las reuniones se ofreció una solución efectiva".

Por otra parte la patronal ha recordado que ha trasladado este caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía "para que evalúe en qué grado estos impagos son constitutivos de delito y quién es el responsable".