Un total de 77.545 personas se beneficiaron el pasado año del programa de asistencia jurídica gratuita en la provincia de Málaga, cuya financiación ha supuesto para la Junta de Andalucía un desembolso superior a los 14,7 millones de euros, destinados a sufragar el trabajo y los medios de abogados y procuradores.

De total de beneficiarios de la justicia gratuita en Málaga, 38.762 personas recibieron asistencia letrada en los juzgados al ser reconocido su derecho a la asignación de un abogado a través del turno de oficio, mientras que 38.783 personas fueron atendidas durante las 14.235 guardias prestadas por los letrados en 2014.

Esta asistencia la prestan casi 2.300 abogados, que percibieron el pasado año un total de 13,8 millones por este servicio, así como más de 200 procuradores que recibieron 865.858 euros por esta labor, según ha indicado a Europa Press el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo.

En la financiación de este servicio destinado a garantizar el acceso a la justicia y la defensa de las personas que no disponen de recursos suficientes para ello, la Junta hace frente a los gastos que genera el turno de oficio como es la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación, así como los gastos de representación que realizan los procuradores.

Ruiz Espejo ha recordado el "gran esfuerzo" de la Consejería de Justicia e Interior en los últimos años para el sostenimiento de dicha justicia gratuita, "pese a las dificultades económicas y presupuestarias". En este sentido, se han reducido los plazos de los pagos y el volumen de las cuantías pendientes con abogados y procuradores hasta abonarlas por completo, ha puntualizado.

El pasado mes de febrero se realizó la última transferencia de 5,55 millones de euros a los abogados y procuradores malagueños con la que se liquidaron todos los pagos pendientes por la prestación de este servicio en 2014 en la provincia, lo que permitía a la Administración autonómica ponerse al día en estos gastos.

El delegado ha incidido en el "buen clima de diálogo y colaboración" entre los consejos andaluces de estos colegios profesionales para acordar su financiación y garantizar así la prestación de este servicio "esencial para la ciudadanía sin recursos".

Nuevas medidas

Para avanzar en la justicia gratuita, la Consejería de Justicia e Interior ha puesto en marcha diversas iniciativas como el nuevo sistema de gestión, denominado 'Temisa', que aporta transparencia, agiliza los trámites y disminuye el coste económico que realiza la Administración autonómica para financiar este servicio destinado a las personas con menos recursos.

De esta manera, desde el pasado octubre, los consejos andaluces de abogados y procuradores remiten telemáticamente a la Administración autonómica las certificaciones de pago por el servicio de justicia gratuita sin necesidad de que haya que notificarlos en papel.

En el marco de esos avances, se ha instalado también en la web de la Consejería de Justicia e Interior un simulador económico que permite saber al instante si un ciudadano tiene derecho a beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita.

Dicho sistema formula preguntas para que el usuario pueda verificar si es beneficiario de la justicia gratuita, entre ellas si es víctima de violencia de género, tiene una discapacidad, ha sufrido un accidente que le ha dejado secuelas permanentes, el número de personas que forman la unidad familiar o los ingresos económicos que percibe.

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