La secretaria federal de Sanidad del PSOE y consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en funciones de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, rechaza "el modus operandi de quita y pon" del Gobierno central, que "concede y pone en función del momento y la rentabilidad", y exige de nuevo al Ejecutivo de Rajoy la derogación del Real Decreto 16/2012, aún en vigor, devolviéndole al derecho a la salud su carácter universal.

En rueda de prensa en Sevilla, la consejera ha señalado, con motivo de la celebración este miércoles del Día Mundial de la Salud, que este año se celebra bajo el lema 'Inocuidad de los alimentos', que este día lo que hace es poner el foco en la importancia de la salud pública, la prevención y la promoción de la salud, "que es vital porque la sociedad reclama políticas sanitarias de calidad".

En este sentido, desde el PSOE, tanto a nivel federal como andaluz, "entendemos la salud pública como una vocación indiscutible de cualquier sistema sanitario público de salud, y estamos convencidos de que fomentar las políticas de salud pública es fundamental para mantener una sanidad adecuada".

Sin embargo, Sánchez Rubio ha afirmado que "la España de la crisis económica y la oleada de medidas antisociales impuestas desde el Gobierno central están poniendo en riesgo esta tendencia y arrinconando las políticas de salud pública", como, a su juicio, "se vio de forma clara cuando la crisis del ébola, con una nefasta y poco transparente gestión, y en los problemas con los nuevos tratamientos de hepatitis C".

Así, Sánchez Rubio ha lamentado que el Gobierno central "lleve varios años imponiendo serios recortes en sanidad y en materia de salud pública" y ha criticado que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, "replantee la atención a la personas no aseguradas, no solo inmigrantes".

"Los socialistas rechazamos este modus operandi de quita y pon que concede y pone en función del momento y la rentabilidad, sin coordinación, entrando en contradicciones entre el ministro actual y la anterior ministra, sin tener en cuenta, además, a las comunidades autónomas que tuvieron información de este tema a través de los medios de comunicación".

"Volvemos a estar en desacuerdo con el planteamiento de Alonso de dar el derecho a la atención primaria a las personas sin aseguramiento", una decisión que considera "poco práctica", ya que "cuando alguien entra en el sistema debe hacerlo con todos los derechos, para tener no solamente el acceso al diagnóstico sino también al tratamiento", algo que la consejera considera "fundamental".

Además, critica que el ministro dijera que este cambio "se debía a que había personas que al no tener control en la atención primaria (AP) estaban generando problemas de salud pública, por lo que no se hacía por los derechos humanos de esas personas, sino porque no se contagiara a los demás de algo".

Por tanto, "estamos en desacuerdo con ese planteamiento y consideramos esta medida como un parche en tanto que los socialistas pedimos la vuelta a la universalidad del sistema sanitario porque la salud es un derecho consagrado que tiene que estar ligado a la condición de ciudadanía, nunca a la condición de aseguramiento", afirma Sánchez Rubio, que añade que la exclusión de la asistencia sanitaria "no ha supuesto ahorro alguno, ya que la frecuentación de estas personas a los servicios sanitarios en muy baja, de un 0,6 por ciento en las consultas totales y en urgencias de poco más del dos por ciento".

"Con este tipo de justificación lo que intenta es enmendar un desacierto que están reclamando las ONG y la mayoría de partidos políticos", por tanto, "aprovechamos este día para exigir la derogación inmediata del Real Decreto 16/2012 que hoy sigue en vigor y que constituye el ataque más grave en décadas al sistema sanitario público, que ha hecho esta país y que es una referencia internacional en materia de salud".

Por otro lado, desde el PSOE saludan que Alonso hable de que va a contar con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero "esperemos que desde el mismo no quiera hacer una intervención en la gestión de las comunidades autónomas, concendiéndoles un préstamos a cambio de recortes sanitarios, un tema que nos tiene muy preocupados, lo que hemos llamado el FLA sanitario", que supondría que "aprovechando las dificultades de tesorería de las administraciones se plantease tener una financiación vinculada al crecimiento del PIB, lo que significa hipotecar la salud de la ciudadanía en época de crisis y limitar los derechos, servicios y prestaciones".

La sanidad "no necesita fondos trampa"

"Esto supondría una limitación de la cartera de servicios complementaria", asegura Sánchez Rubio, quien defiende que lo que la sanidad pública necesita "no son fondos trampa sino una financiación suficiente, estable y permanente que en ningún caso puede bajar del seis por ciento del PIB", así como "un compromiso férreo del Gobierno de España, las comunidades, las corporaciones locales y los partidos políticos".

En este sentido, destaca que el compromiso del PSOE "es firme" y "está ahí defendiendo la sanidad pública de esos intentos de desmantelamiento que está sufriendo".

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