El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado al exdiputado del PSC Daniel Fernández, al exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos y al hermano de éste y edil de la misma ciudad Francisco Bustos a un año y cuatro meses de cárcel y una multa de 60.000 euros por un delito de tráfico de influencias.

La Sala Civil y Penal del alto tribunal catalán también les inhabilita para ejercer cualquier cargo público durante cuatro años y seis meses por "abordar, asediar y finalmente convencer" a la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez García, para que contratara una ex alto cargo del gobierno tripartito. El TSJC también ha impuesto siete años de inhabilitación a la alcaldesa socialista de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, quien actualmente está de baja por maternidad, por un delito de prevaricación, al forzar la modificación del proceso de selección para que fructificara el fichaje de Carmina Llumà como responsable de urbanismo.

En la sentencia de la primera pieza separada del caso Mercurio que llega a juicio, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, cuenta con un voto particular del presidente de la sala y del TSJC, Miguel Àngel Gimeno, que defiende la absolución del exsecretario de Organización del PSC Daniel Fernández al consierar que no se ha acreditado que usara su "situación de predominio o fuerza moral" para interferir en el proceso. El fallo considera probado el relato de los hechos ofrecido por las acusaciones, que empiezan en enero de 2012, cuando Carmina Llumà, exsecretaria general de la Consejería de Política Territorial durante el tripartito y esposa del jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sabadell, buscaba trabajo.

En abril, Montcada convocó un concurso público para buscar un jefe para los servicios territoriales, cuyas bases exigían tener formación en urbanismo, derecho, economía, administración pública, políticas "o similares", así como experiencia en cargos públicos directivos de urbanismo. Se establecieron 18 competencias evaluables y el consistorio encargó a una empresa de recursos humanos la selección de candidatos, que debían obtener al menos un 6 sobre 10 en la mayoría de competencias.

El 9 de mayo, Llumà le dijo a Manuel Bustos que el tribunal le insinuó que debía desistir de ocupar el puesto y al día siguiente, éste llamó a su hermano, primer secretario de la agrupación del Vallès Occidental Sur del PSC, y le encargó ir a hablar con Pérez para que la contratara, cosa que hizo. Era el inicio de un "verdadero asedio persuasivo e insidioso" sobre Pérez. El 15 de mayo, la empresa comunicó que Llumà solo había aprobado en tres de las competencias, en diez no llegaba a la nota mínima y en cinco más estaba muy por debajo. Otra candidata consiguió el nivel mínimo requerido en la mayoría de competencias.

Los acusados conocieron "inmediatamente" el informe —el TSJC admite no saber cómo tuvieron conocimiento de él—, que generó "serias reticencias" en Pérez. Al día siguiente, Manuel Bustos llamó a Fernández para que presionara a Pérez para convencerla y así lo hizo. Los Bustos recurrieron al entonces secretario de Organización para vencer las "reticencias" y los iniciales "reparos fundados" de Pérez, lo que supuso un "verdadero salto cualitativo en la intensidad de la influencia hasta entonces desplegada por los hermanos Bustos sobre la alcaldesa de Montcada", sostiene la sentencia.

Con el objetivo de "no contrariar al secretario de organización y número dos de su partido", Pérez convocó de forma urgente y sin apenas antelación una reunión con el tribunal evaluador y la empresa de recursos humanos que se encargaba del proceso de selección para imponer un "inexplicable cambio de criterio" en el proceso que permitió considerar "apta" a Llumà. Ese mismo día, Fernández y Pérez se reunieron con ella en la sede central del partido, en la calle Nicaragua de Barcelona, y acabó de convencerla.

Pérez firmó el nombramiento el 29 de mayo, que fue ratificado en el pleno el 31 de mayo, en el que una edil de la oposición recordó que era la esposa de un alto cargo del consistorio de Sabadell a lo que la alcaldesa respondió que un tribunal técnico había propuesto el nombramiento. Para dos de los tres magistrados que han juzgado el caso, al ratificar el nombramiento, se cometió un acto de "inadmisible favoritismo auspiciado y fundado en criterios de amiguismo político".

Pérez, los hermanos Bustos y Fernández han pedido ser suspendidos de militancia del PSC tras conocer la sentencia condenatoria con el fin de "no perjudicar al partido". Así lo ha explicado en rueda de prensa la portavoz del partido, Esther Niubó, quien ha agregado que el PSC respeta la sentencia y la acata, si bien aún tienen que leerla con profundidad porque la acaban de conocer.

Además, la alcaldesa de Montcada renuncia a ser la candidata del PSC a las municipales y Francisco Bustos dejará el acta de concejal en Sabadell. Fernández, que abandonó su escaño en el Parlament en enero, dejará la militancia igual que Manuel Bustos, que dejó la alcaldía en 2013 al ser imputado en el caso Mercurio y se desvinculó totalmente de la política en julio con el escándalo de los sobresueldos de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) aunque esta causa ha sido archivada.

Niubó ha dicho que, como compañeros que han sido, el PSC estará al lado de los condenados si presentan un recurso ante el Supremo, aunque ha admitido que "la justicia y la sentencia han sido claras", por lo que considera que la suspensión de militancia es el paso más inteligente. Si el alto tribunal les diera la razón, podrían volver a militar en el partido, aunque no sería algo automático: "Lo importante es su buena voluntad de dejar sus responsabilidades en todos los casos para no perjudicar al partido", ha afirmado.

Manuel Bustos ha calificado de "totalmente desproporcionada" y en su página de Facebook ha anunciado que la recurrirá pues considera que ha sido condenado por "opinar sobre un cargo de confianza" aunque ha admitido que las opiniones fueron "desafortunadas y etsuvieron fuera de lugar". Sin embargo, ha Recordado que "nadie presionó a los técnicos implicados en el proceso de selección", y que está "muy lejos de otros presuntos casos de corrupción en los que hay millones de euros en paraísos fiscales".