El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este miércoles que la Administración mantiene este mes de marzo y prorrogará "mes a mes" el refuerzo de dos funcionarias de apoyo del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, cuya titular es Pilar de Lara y donde se abordan investigaciones como la 'Operación Carioca' o 'Pokémon'.

Cuestionado por los periodistas durante una visita institucional al Ayuntamiento de Cangas, Rueda ha reiterado que estos refuerzos se mantendrán mientras el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decide si restablece "el segundo juez en el juzgado, que se retiró en el mes de diciembre".

Así, ha recordado que la Xunta había vinculado la prórroga del contrato de las funcionarias de apoyo "a la espera de si se reponía o no" el segundo juez. "No hay ninguna novedad, a día de hoy no conocemos esa decisión y esos refuerzos se están manteniendo", ha explicado.

En este sentido, ha sostenido que la prórroga de los refuerzos se producirá "mes a mes" y, por tanto, "continúan hasta que se sepa esa decisión".

En la misma línea, la Xunta ha emitido un comunicado en el que aclara que no efectuó en marzo "ningún tipo de comunicación" a las funcionarias ni se ha enviado ninguna orden al respecto de la posible retirada de estos refuerzos que —insiste— se encuentran prorrogados hasta que las autoridades judiciales decidan "si ponen un juez de apoyo en estos juzgados".

Pendientes del 20

De marzo

Al margen de los argumentos de la Administración gallega, el presidente provincial del sector de justicia del sindicato CSIF en Lugo, Efrén Álvarez, quien habló en la pasada jornada con personal del juzgado de Pilar de Lara y ha constatado su "preocupación", ha incidido, en declaraciones a Europa Press, en la situación de "precariedad e incertidumbre" en la que se encuentran las dos funcionarias de apoyo.

El sindicalista ha advertido de que la "preocupación es evidente" y ha aludido a los "contratos mes a mes" que suponen trabajar "con una espada de Damocles continuamente sobre la cabeza".

Al respecto, ha explicado que, a finales de febrero, cuando, tras la "presión mediática" y las "quejas" ante la Dirección Xeral de Xustiza, se llamó desde la delegación territorial a las funcionarias para anunciarles que se les renovaba por un mes, también se les dijo que "si a fecha de 20 de marzo no tenían nueva comunicación fuesen cogiendo las vacaciones y los días correspondientes al mes porque cesarían".

"El 20 es festivo y están en una situación total de incertidumbre", ha recalcado, para añadir que desde la Dirección Xeral de Xustiza se han puesto contacto con él para trasladarle que, en principio, las funcionarias "no van a cesar", pero ha contrapuesto que, con independencia de lo que diga la Xunta, "la preocupación en el juzgado existe".

Juez de refuerzo

La Xunta explicó en su día que la permanencia de estas funcionarias se mantiene supeditada a que se nombre un nuevo juez para estas dependencias judiciales. Esta decisión fue adoptada en la subcomisión técnica de la Comisión Mixta entre Xunta y Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que abordó la polémica a finales del mes pasado.

Una semana antes habían salido a la luz las quejas de la instructora de la 'Pokémon' —que recibió el respaldo de los sindicatos y de la junta de personal—, quien expuso al director xeral de Xustiza la situación de "desamparo" en la que quedaría la sala que gestiona si se producía el "inminente cese" de dos funcionarias de refuerzo.

Además, advertía de que esta circunstancia "imposibilitaría el cumplimiento de los objetivos propuestos" para la finalización de las diligencias de la 'Operación Carioca' y de la 'Pokémon', cuya "rápida terminación es demandada tanto por las instancias judiciales, como socialmente y por los propios imputados, que se están viendo sometidos a una injustificada pena de banquillo".

En ese escrito dirigido a la Xunta, la instructora consideraba que suponía un "contrasentido", por una parte, "prometer públicamente ayudas y apoyos" a los órganos judiciales y, por otro lado, adoptar medidas "como las que ahora se anuncian, consistentes en recortar en dos funcionarios, nada más y nada menos, la plantilla actual" del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo.

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La espera de una decisión

El nombramiento del juez de adscripción territorial para el juzgado de Lugo corresponde al TSXG y, en concreto, a la sala de gobierno, que mantiene pendiente la decisión. Fuentes del alto tribunal gallego han explicado a Europa Press que la sala de gobierno ha decidido pedir "documentación" que tiene que analizar.

Por su parte, desde el CSIF han trasladado a Europa Press que, por la información de la que dispone el sindicato, en este momento todos los jueces de adscripción del sindicato "están trabajando y con destino, pero a 30 de marzo podría haber algún cese, con lo que en abril se nombraría uno de ellos" para el juzgado lucense.

"Pero a ver si ahora, como no hay nombramiento del juez de apoyo en marzo, cesan los refuerzos. Lo que dice el sentido común es que deben seguir, y no solo mes a mes, tienen que ser contratos más amplios para generar una implicación y una continuidad en el trabajo", ha remarcado el sindicato.