El Estado de Pakistán ahorcó este lunes a doce reos, entre ellos los seis primeros condenados por delitos no relacionados con terrorismo que son ejecutados desde que la semana pasada se levantó la moratoria de la pena de muerte impuesta en 2008.

Diez de los reos fueron ejecutados en prisiones de la provincia oriental de Punjab y los otros dos en la provincia de Sindh, en el sur, informó el canal estatal Pakistán TV, lo que eleva a 39 el número de presos ejecutados en el país desde diciembre.

Entonces, el primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, levantó parcialmente la moratoria a la pena capital para condenados por terrorismo tras el ataque talibán a una escuela en Peshawar (noroeste) en el que murieron 148 personas, 132 de ellas niños. El veto se levantó definitivamente el 10 de marzo pasado.

A pesar de ello, Pakistán ejecutó el 13 de febrero (antes del fin total de la moratoria) a dos reos condenados por un tribunal civil por asesinar en 2004, durante un robo, al hijo del presidente del Colegio de Abogados de la Corte Suprema paquistaní.

"Dos asesinos, Muhammad Riaz y Mohammad Fayaz, fueron ejecutados el 13 de febrero en la prisión central de Mirpur (en la provincia de Cachemira). Los dos habían sido condenados por una corte civil", confirmó un superintendente de la prisión, Irshad Hussain Jaral.

Según afirmó entonces el subdirector para Asia de la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI), David Griffiths, con esos ahorcamientos Pakistán fue "en contra de su propia política estatal de solo ejecutar a aquellos condenados por terrorismo". Todos los ejecutados este lunes habían sido hallados culpables de asesinato.

Además, a uno de los condenados por un tribunal antiterrorista, Zafar Iqbal, se le sumó el cargo de violación, tras matar y violar a una niña de seis años.

Organizaciones defensoras de derechos humanos como AI o Human Rights Watch (HRW) calculan que unas 8.000 personas están en el corredor de la muerte en cárceles paquistaníes por alguno de los 28 crímenes que contempla la pena capital, entre ellos asesinato, violación o blasfemia.

"El Gobierno (de Pakistán) debería tratar la pena de muerte como lo que es, una condena cruel e irrevocable más que una solución a los complejos problemas de crimen y seguridad" que padece el país, según HRW en Asia.