El desarrollo de la nueva ley de empleo público supondrá que un total de 500 jefaturas de servicio pasarán a proveerse a través de un concurso específico con convocatoria pública, una cifra que ha dado a conocer este martes el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, en su debut en la Cámara gallega. La normativa ha comenzado su tramitación parlamentaria al salvar las enmiendas de devolución presentadas por la oposición.

El sucesor de Elena Muñoz ha sido el encargado de llevar al Parlamento de Galicia una normativa que cuenta con el rechazo de toda la oposición, que pidió la devolución del texto al Gobierno por, en esencia, "vulnerar" el derecho de negociación colectiva, "privatizar" la función pública y por "no contar" con el apoyo de los sindicatos y los informes preceptivos.

Sin embargo, el conselleiro de Facenda ha hecho suyo el proceso previo a la entrada del texto en el Parlamento gallego y ha enfatizado que se recogieron 150 alegaciones de los sindicatos y hubo "diálogo" con la Fegamp, las universidades de Santiago y Vigo, el Consello Consultivo, el Consello Económico e Social, el Consello de Contas, el Consello Galego da Cultura, el Valedor, colegios profesionales "y 30 colectivos más".

Asimismo, Martínez ha asegurado que hubo "más de 30 reuniones" con los sindicatos, cuyo resultado la oposición minimizó dado el desacuerdo que han trasladado. A este respecto, la diputada del PPdeG Paula Prado ha reivindicado las aportaciones recogidas, aunque no hubiese la firma con el voto de los sindicatos, porque, justificó, "no era posible asumir" todas las que proponían.

Planes de igualdad

El conselleiro de Facenda también ha destacado que se trata de un texto "socialmente responsable", es decir, incluye "planes de igualdad" y atención a las funcionarias víctimas de la violencia machista, y reserva plazas para colectivos con discapacidad.

Sobre esta cuestión, se ha referido a las enmiendas parciales que ya ha registrado el Grupo Popular y, en concreto, al aumento progresivo hasta las 18 semanas de la baja por maternidad y paternidad, extremo que ha sido criticado por la diputada de AGE Yolanda Díaz, ya que no cuenta con memoria económica sobre el impacto que esto supondrá para las arcas públicas.

Otra de las cuestiones que de la ley ha destacado Martínez es la recuperación salarial que se les había quitado a los trabajadores mediante un fondo retributivo incluido en la propia normativa. Concretamente, en el año 2015, la Administración autonómica destinará 51 millones de euros para abonar a sus empleados el 25 por ciento de la paga extraordinaria suprimida por el Gobierno 2012.

También se suprime el plus de exaltos cargos, un complemento que el Gobierno autonómico actual ya tenía suspendido, y se dotará de un único régimen legal a determinados colectivos de empleados de servicios, como oficinas de empleo o servicios sociales.

El personal directivo profesional será seleccionado entre funcionarios de carrera y personal laboral fijo al servicio de las administraciones públicas y su selección se basará en los principios de mérito, capacidad e idoneidad.

Otra de las novedades de la normativa a es la carrera horizontal y la vinculación de complementos retributivos al desarrollo de la actividad de los funcionarios. La evaluación de los empleados públicos, dijo, se regirán por criterios de "transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación".

Críticas de la oposición

La oposición ha mostrado su disconformidad con una normativa que ha tachado de "propaganda" por motivos electorales con medidas que se aplicarán de forma aplazada, como la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios o la ampliación de la baja por maternidad.

En su intervención, la diputada socialista Beatriz Sestayo ha lamentado la "imposición de la Xunta" y la "negativa a escuchar" a los diferentes colectivos y sindicatos y se ha referido a las palabras de Martínez aludiendo a las enmiendas del PP para recordar que los socialistas han presentado 100, las cuales esperan también que sean recogidas.

Sestayo ha señalado que bastaría como único motivo para devolver la ley el hecho de que la Fegamp se pronunció sobre un "borrador" anterior al que finalmente fue aprobado en el Consello de la Xunta, y denunció una "discriminación" entre la elección del personal directivo y el resto de personal, que se somete a criterios de mérito y capacidad.

"Si de algo carece este texto es de negociaciones", ha espetado, por su parte, la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, quien ha asegurado que la administración está teñida de "asimetrías profundas de género".

"No es que haya techos de cristal, es que las mujeres no llegan", ha advertido. Sin embargo, Paula Prado quiso desmentir esta afirmación asegurando que "el 50 por ciento" de los cargos de responsabilidad lo ocupan mujeres (423 de 851, dijo).

Yolanda Díaz también ha mostrado su disconformidad con el sistema de evaluación de los trabajadores y ha calificado de "gravísimo" que en cuestiones de baja laboral se tenga el 100 por cien de la prestación a partir de los 20 días. "Consolidan lo peor de la (empresa) privada", ha criticado.

Tereixa Paz, por parte del BNG, ha asegurado que "no supone ningún avance" para los servicios de la ciudadanía y, entre otras cuestiones, "vulnera el derecho a la negociación colectiva". Además, ha advertido de que la "libre designación" queda sujeta a "arbitrariedades" que establezca el gobierno en la relación de puestos de trabajo y permite que persona directivo no sea funcionario.

"Cero de fiabilidad", tiene, para Paz Franco, la normativa del Gobierno la cual, ha dicho "profundiza" en los "recortes" y presenta dudas de cómo se va a abonar la devolución de las cuantías devengadas a los funcionarios por cómo está redactado el texto. Además, ha dicho, "extermina" el idioma gallego.

Apoyo del ppdeg

En apoyo de la iniciativa ha salido Paula Prado, que además de rebatir alguno de los argumentos antes mencionados, ha felicitado al conselleiro por el texto y ha garantizado que el PPdeG "será el último en levantarse" de la ponencia parlamentaria en la que se negociará la normativa con los grupos de la oposición.

Prado también ha destacado que el proyecto legislativo "ahonda en medidas de impulso en el concurso de traslados, en la flexibilidad y el teletrabajo", y permite la "conversión de fijos laborales en funcionarios".

Además, la parlamentaria popular ha incidido en que la evaluación del desempeño de la función pública "en ningún caso será subjetiva" y ha indicado que la propia ley recoge el diseño de una regulación posterior para la evaluación en el que participarán los sindicatos.