El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz y candidato a la Alcaldía, Francisco González, ha exigido a la alcaldesa, Teófila Martínez (PP), que "asuma responsabilidades" tras la confirmación por parte del Tribunal Supremo (TS) de la sentencia dictada en octubre de 2011 por el Tribunal de Cuentas que condenaba al exdelegado del PP en la Zona Franca Miguel Osuna a pagar la cantidad de 2.675.551,76 euros por las "irregularidades" cometidas cuando estaban al frente del Consorcio.

En una nota, González critica que la postura de Martínez a lo largo de este litigio ha sido de "falta de acción u omisión", lo que va "claramente en contra de los intereses del Consorcio de la Zona Franca" —que preside la alcaldesa—, una institución que "ya ha sufrido un considerable quebranto económico y de imagen con el PP al frente".

La desestimación del recurso de casación "vuelve a confirmar la responsabilidad contable de Miguel Osuna y su conducta gravemente negligente" que, tal y como recoge la propia sentencia, "ocasionó un daño real y efectivo" a los fondos públicos de Zona Franca por los pagos realizados a la empresa Miami Free Zone Management Services Corporation (MFZ) dentro del Proyecto Rilco.

"De nuevo se entiende que en este caso se produjo un incumplimiento de las obligaciones y las responsabilidades inherentes al cargo ya que, como delegado especial del Consorcio, Miguel Osuna era la persona que administraba, manejaba y custodiaba estos caudales públicos", resalta.

En este punto, González se pregunta "hacia dónde estaba mirando Teófila Martínez cuando todo esto se producía, pues, como alcaldesa, ella es la máxima responsable de la Zona Franca de Cádiz".

Resalta que Osuna "actuó ilegalmente al utilizar una sociedad mercantil para ocultar pagos injustificados hacia sociedades de las que, finalmente, no se recibía ningún la prestación contratada y todo ello sin exigir aval o garantía alguna".

De ahí que se haya establecido "una grave negligencia ante el flagrante incumplimiento de la legalidad, pues no garantizó las prestaciones y tampoco impidió la libre disposición de fondos por MFZ, creándose un nexo entre el daño producido a los fondos públicos y su conducta", abunda el socialista.

Agrega González que la conducta de Osuna "no respondió a las obligaciones de un gestor de fondos públicos en cuanto al control y rendición de cuentas, lo que habría evitado los daños ocasionados a dichos fondos".

Finalmente, resalta que la sentencia viene a ratificar la "desastrosa gestión y la opacidad con la que el Partido Popular dirige Zona Franca". Todo ello ha causado que sea "un Consorcio con graves problemas económicos y que ha perdido su razón de ser, convirtiéndose más en una inmobiliaria que no cumple sus compromisos con la ciudad y sin solvencia".