Casi tres años. Es lo que ha durado la IX legislatura en Andalucía, que arrancó tras las elecciones del 25 de marzo de 2012 y en la que han gobernado dos presidentes (José Antonio Griñán y Susana Díaz) en virtud del pacto de Gobierno entre PSOE-A e IULV-CA. Un acuerdo de 75 folios que contemplaba 28 leyes, de las que solo se han aprobado dos.

Sí han visto la luz otras normativas que no se incluían en el acuerdo, siendo la más destacada la Ley Antidesahucios que, sin embargo, no ha llegado muy lejos tras el recurso interpuesto por el Gobierno central. El decreto ley de función social de la vivienda se aprobó en abril de 2013, estableciendo la expropiación temporal por tres años del uso de los inmuebles "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social” de los propietarios.

En julio, el decreto fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional tras un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy. En septiembre, la Junta aprobó la nueva Ley Antidesahucios, que volvió a ser tumbada por el Constitucional a mediados de enero de 2014 por otro recurso del Ejecutivo central.

Las dos leyes del pacto de Gobierno que sí han conseguido salir adelante en este mandato han sido la de Transparencia y la de Transexualidad. La primera, aprobada por unanimidad del Parlamento en junio de 2014, obliga a todas las instituciones que manejen fondos públicos a rendir cuentas, con sanciones de hasta 400.000 euros a las que no faciliten información.

La Ley de Transexualidad también contó con el apoyo de toda la Cámara Alta, tan solo unos días después de aprobar la de Transparencia. El texto tiene por objeto garantizar el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiestan una identidad distinta de la que tienen al nacer.

En el tintero han quedado otras muchas normativas, como la de Memoria Histórica y la de Protección de los consumidores de productos hipotecarios, ambas de IULV-CA. Estos dos proyectos fueron los últimos que se aprobaron en el Consejo de Gobierno, pero Susana Díaz disolvió el Parlamento antes de que llegaran los textos. Tampoco se han aprobado dos de las medidas que se plantearon como parte importante de la lucha contra la corrupción: la Ley de la Cámara de Cuentas y la Ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Junta de Andalucía.

Ni las cinco cuya aprobación puso como requisito IULV-CA para seguir siendo el socio de Gobierno cuando planteó el polémico referéndum que, según Díaz, provocó la falta de "estabilidad" en el Ejecutivo: la banca pública, la Ley de Agricultura, la Ley de Igualdad y contra la Violencia de Género, la renta básica y el decreto de garantía de suministros vitales.

En cuanto al paro, el mandato finaliza con 1.037.716 desempleados y una tasa de paro del 34,23% (datos de enero de 2015), por los 1.329.600 de abril de 2012.