El Colegio de Abogados de Madrid ha anunciado la ruptura de las negociaciones con la Comunidad de Madrid en materia de Justicia Gratuita y Turno de Oficio, en lo que han considerado "un ataque frontal al derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos".

Según informan desde el colectivo, "tras varios meses de negociación la Comunidad de Madrid ha decidido continuar ignorando las legítimas demandas que la justicia gratuita presta a los ciudadanos a través de los abogados que ejercen este servicio", por lo que han convocado una rueda de prensa en la que la decana Sonia Gumpert anunciará las acciones que los abogados emprenderán como respuesta a la ruptura de las negociaciones.

Hace un año el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunciaba la aprobación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que sustituía a la norma de 1996.

La nueva ley elevaba el umbral para acceder a la justicia gratuita a dos veces el salario mínimo interprofesional anual (14.910 euros) a 2,5 veces el indicador de renta de efectos múltiples —IPREM— (19.170 euros), aunque en circunstancias especiales familiares, de salud o de discapacidad habrá cobertura con ingresos de hasta cinco veces el IPREM (31.950 euros).

Las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones han visto elevado el umbral para beneficiarse de tres a cinco veces el IPREM (de 19.170 a 31.950 euros).

Las prestaciones que comprende el derecho a la justicia gratuita son asesoramiento, orientación, información sobre la mediación y otros medios extrajudiciales y asistencia y representación de abogado y procurador.

Además, inserción gratuita de anuncios o edictos, exención del pago de tasas y depósitos, asistencia pericial, obtención de copia, testimonio, instrumentos y actas notariales y reducción del 80% de los derechos arancelarios requeridos por el órgano judicial.

El Colegio de Abogados recibió 64.000 solicitudes de ciudadanos que querían un letrado de oficio en el primer semestre de 2014, frente a las 58.000 de 2013.

La crisis ha sido la principal causa del aumento de la demanda de su servicio, que atienden principalmente asuntos de familia (dovorcios, manuntenciones...), civiles (desahucios) y laborales (despidos).