Los despidos, los desahucios y los problemas familiares han intensificado la vida judicial de los madrileños, con un aumento de los casos vistos en tribunales. Sin embargo, las dificultades económicas impiden que muchos ciudadanos puedan pagar los honorarios de un abogado particular. Esta combinación de más litigios y menor disponibilidad económica está provocando más peticiones de abogados de oficio: durante el primer semestre de 2014, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) recibió 64.000 solicitudes de madrileños que necesitaban los servicios del turno de oficio, según datos del ICAM. En el mismo periodo de 2013 se tramitaron 58.000 solicitudes, con lo que en un año la petición de estos letrados gratuitos se ha incrementado en un 10,3%.

Los abogados de oficio son los letrados designados para defender a un ciudadano que necesita asistencia jurídica pero no dispone de recursos económicos suficientes. En estos casos, el cliente no debe pagar honorarios al abogado que ejerce su defensa, sino que es el Estado quien abona las minutas al profesional. Así, el  turno de oficio es el sistema que se utiliza para garantizar el servicio de justicia gratuita. "La demanda de justicia gratuita se ha incrementado por la crisis", asegura la decana del ICAM, Sonia Gumpert.

"El mayor repunte se ha dado durante el último año, evidentemente por las dificultades económicas. De hecho, los casos para los que más se está requiriendo la asistencia gratuita tienen que ver con asuntos relacionados con la falta de dinero, en materia civil y de familia", matiza Marisol Cuevas, directora del turno de oficio en el Colegio de Abogados. Concretamente, es más habitual la petición de abogados de oficio para "desahucios y modificaciones de medidas tras un divorcio o una separación, sobre todo por progenitores que no pueden pagar la pensión estipulada y necesitan reformular el acuerdo de separación", añade Cuevas.

Los propios abogados han detectado que cada vez hay más usuarios del turno de oficio. "Los que trabajan en despachos particulares están reduciendo sus clientes, mientras que se desbordan las peticiones de asistencia gratuita. La gente ya no tiene dinero ni para pagar a un abogado y no les queda más remedio que acudir a uno de oficio para que le defienda. Es un síntoma de que la gente está desesperada: te buscas un abogado de oficio cuando ya estás en las últimas, porque no tienes ingresos, tu ex pareja no te pasa la pensión, has perdido la casa o te han despedido, entre otros motivos", explica la abogada Lidia Mora.

El principal requisito para acceder a la justicia gratuita es el económico. Pueden disponer de asistencia jurídica libre de pago las personas individuales que tengan ingresos anuales inferiores a 12.780,26 euros, según el Real Decreto 3/2013. En caso de familias con un máximo de tres miembros, el umbral se sitúa en 15.975,24 euros anuales por unidad familiar; y en hogares con cuatro o más individuos el máximo está en 19.170,39 euros al año. También se concede automáticamente a víctimas de terrorismo, de violencia de género y de accidentes con secuelas incapacitantes.

Por regla general, los usuarios del turno de oficio no pagan por la asistencia (salvo que finalmente no se les conceda la gratuidad). En cambio, acudir a un abogado privado puede resultar imposible para muchas familias sin recursos. Los honorarios de los letrados varían en función de su 'caché' y de los servicios concretos que se requieran, aunque el Colegio de Abogados establece un cuadro de tarifas recomendadas. A modo de ejemplo, la tramitación de un juicio ordinario puede costar 1.200 euros; formular un recurso de apelación, 900 euros; un divorcio sin mutuo acuerdo, 1.500 euros; la asistencia a un detenido, 210 euros; y la reclamación por un despido procedente, 600 euros. Todo ello, sin incluir las diligencias previas, el asesoramiento o el posible alargamiento de los procesos.

Mientras tanto, los abogados de oficio se encuentran actualmente en pleno conflicto con el Ministerio de Justicia contra el proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Varios cientos de letrados se han manifestado este jueves por el madrileño Paseo de Recoletos para pedir la retirada de este proyecto legal. "No beneficia ni a los ciudadanos ni a los profesionales, ya que se limita el acceso a la justicia gratuita, se burocratiza en exceso, se exigen más trámites y no se garantiza la financiación pública de los abogados", reivindica Cuevas.